Esta organización ambiental deseó que el pacto contribuya “de modo significativo” al desarrollo socioeconómico de la comarca con “alternativas viables que reduzcan la excesiva dependencia de los cultivos de frutos rojos y que redunde en beneficio de los valores ambientales de Doñana”.

Para ello, consideró necesario garantizar que las medidas propuestas de abandono de cultivos de regadío y de conversión de tierras (a uso forestal o cultivo secano) contribuyan a la recuperación de los acuíferos en Doñana.

“En ningún caso deben ser medidas orientadas a favorecer o beneficiar económicamente a quienes han estado durante años sobreexplotando los recursos naturales y compitiendo de manera desleal con quienes sí han cumplido con la ley”, sentenció.

Por ello, aplaudió que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se haya comprometido a no dar dinero de fondos públicos a quien no cumpla con la legalidad vigente.

Además, deseó que las distintas administraciones implicadas (Junta de Andalucía, Fiscalía y el departamento dirigido por Ribera), pongan “todos los medios a su disposición para perseguir y cerrar todos los cultivos ilegales de la zona”, empezando por las fincas que ya se preparan para una nueva cosecha.

Por último, WWF indicó que estará “muy vigilante” con la aplicación del plan para garantizar que se reduce la presión sobre los recursos naturales y “evitar que quienes han contribuido al deterioro del parque nacional y de los acuíferos que lo alimentan se vean beneficiados económicamente”.