Carmona hizo esa consideración en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía, que reactivó este martes la tramitación de la proposición de ley con una jornada dedicada a comparecencias de cerca de una veintena de expertos de distintos ámbitos.

WWF es la única ONG que expuso hoy su opinión sobre la posible legalización de regadíos en las proximidades de Doñana.

“Pedimos que retiren esta proposición de ley. Solo empeorará el desequilibrio hídrico del acuífero, que es tan grave como para que esté declarado en riesgo de no alcanzar su buen estado cuantitativo”, apuntó Carmona.

Además, argumentó que la norma “no servirá para mejorar los ecosistemas de la Comarca de Doñana”, al tiempo que ha supuesto “la ruptura de la paz social enfrentando a los agricultores y perjudicando a los regantes de frutos rojos de Huelva”.

“Su aprobación, además, es un incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos ha condenado por la falta de conservación de Doñana, lo que va a desembocar en sanciones millonarias para España”, añadió.

Asimismo, indicó que la proposición de ley implicaría “un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España con organismos como Unesco y la Convención Ramsar”. “Es un menoscabo de la imagen internacional de Doñana, sus pueblos, sus productos -como los frutos rojos- o sus servicios, como el turismo de naturaleza”, apostilló.

“INCONSTITUCIONAL”

Carmona subrayó que la norma es “inconstitucional”, según el artículo 43.3 de la Ley de Aguas, porque “invade competencias estatales en materia de planificación hidrológica al no ajustarse a las previsiones del Plan Hidrológico” del Guadalquivir.

Por otro lado, Carmona indicó que WWF encargó un informe técnico que concluye que la ley ‘anti Doñana’ podría llegar a legalizar hasta 1.900 hectáreas de superficie para regadíos en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, que se transformaron ilegalmente en terrenos regables para cultivo de frutos rojos entre 2004 y 2014.

“Estamos aquí en un ‘hiperintento’ de regularizar una y otra vez, con lo cual la gente al final no se va a tomar en serio estos procedimientos. ¿Qué van a hacer ustedes con los que han empezado a regar entre 2014 y 2023? ¿También les van a decir que sí? Eso mismo le dijeron a los de 2014 ya los de 2004, siempre la misma respuesta y siempre es más. Y cuando el acuífero está sobreexplotado, una hectárea más significa un problema, y cuando no hay agua en Huelva una hectárea más significa un problema. Ahora mismo la cuenca cedente no está cediendo agua”, explicó.

En este sentido, indicó: “¿Qué derecho histórico agrícola tiene un señor que empieza a regar en 2004 y esa finca nunca ha sido regada antes?”.