En la visita al centro, en la que estuvo acompañada por el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta, Jacobo Rey, y del gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, la consejera agradeció la colaboración de la entidad social y lamentó que la imposición del Ejecutivo central "obliga a la Xunta a hacer lo que no quería, crear centros específicos para menores extranjeros", modificando su sistema de protección de la infancia y adolescencia.

La consejera denunció, además, que el traslado de estos menores “no va acompañado de financiación” pese a que, según los cálculos realizados por el Gobierno gallego, atender a todos los adolescentes tendrá un coste aproximado de hasta 30 millones al año.

La responsable de Política Social e Igualdad hizo hincapié en que "estas son las primeras 80 plazas específicas que la Xunta se ve obligada a crear" y destacó que la Xunta continúa buscando posibles localizaciones, un procedimiento para lo cual solicitó la colaboración de otras administraciones.

García recordó que esta misma semana se recibieron los primeros seis expedientes de adolescentes que forman parte del grupo de 317 que el Gobierno central quiere trasladar a la comunidad gallega. A esta cifra se suman los 15 menores extranjeros solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo y que, según pudo saber la Xunta, también va a trasladar a Galicia.

En su intervención, la consejera reiteró que la Xunta “seguirá recurriendo” este reparto ante la Justicia, como ya hizo ante el Tribunal Constitucional, junto a otras 10 comunidades de diferente signo político. Además, añadió que con esta imposición el Ejecutivo central "rompe definitivamente el sistema de protección integrador de Galicia", obligando a la Xunta a salirse del modelo que lleva años impulsando.