Se trata de un plan con veinte líneas de actuación que contempla políticas de choque energético, apoyo financiero a las empresas, protección social e impulso a la transición energética, así como actuaciones encaminadas a la resiliencia logística y propuestas de reforma normativa y fiscal. "Estamos antes una crisis excepcional y las medidas también tienen que serlo", indicó el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Xunta, Miguel Corgos.

En las medidas de la Xunta, destacan 62 millones de euros para empresas y pymes, 6,2 millones de apoyo a las familias, 25,5 para el sector pesquero, 19,4 para el sector agrario, 39,3 para eficiencia energética y cinco millones para el sector turístico.

El Gobierno gallego mantuvo reuniones con los sectores más afectados para "conocer de primera mano el impacto en el tejido productivo", indicó Corgos. De este modo, los objetivos del plan se centran en los sectores productivos para reducir el impacto del incremento de costes energéticos y logísticos, sostener la actividad económica y el empleo, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, acelerar las inversiones en transición energética y eficiencia y facilitar la adaptación de las empresas gallegas a un escenario internacional más complejo. Las medidas se extienden también al conjunto de la sociedad, para proteger a los hogares frente a la inflación energética.

El plan incorpora un marco de gobernanza, seguimiento y evaluación que permite priorizar las actuaciones, medir su impacto y garantizar una ejecución coordinada y eficaz entre administraciones.

De este modo, entre las actuaciones más urgentes que se van a llevar a cabo figuran, según explicó el presidente, "los 62 millones de euros de los préstamos" que el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) destina a empresas afectadas por el incremento de los costes energéticos y por las disrupciones en las cadenas de suministro, "para que tengan liquidez y puedan continuar con su actividad".

Además, se implantará un procedimiento extraordinario de tramitación acelerada para solicitudes de financiación empresarial, que permitirá resolver expedientes en un plazo máximo de 10 días. Y se llevará a cabo la agilización administrativa y simplificación de procedimientos para proyectos estratégicos en los ámbitos de las energías renovables, industria verde, digitalización y TIC.

Otra de las actuaciones urgentes es la protección de los hogares, a los que se destinarán más de seis millones de euros para moratorias, aplazamientos y condonación parcial de alquileres de las viviendas públicas, para la revisión de los contratos públicos de transporte regular y escolar para que la subida de costes no se traslade al precio final, y para la agilización del pago de medidas destinadas a acercar recursos lo más rápido posible a los hogares vulnerables, como el Bono Social Térmico, la renta de inserción social de Galicia (Risga) y las ayudas de emergencia social.

Los sectores productivos se reforzarán con más de 44,9 millones de euros, especialmente el pesquero, con 25,5 millones de euros para la modernización de infraestructuras portuarias, lonjas y cadena de frío para mejorar la eficiencia operativa y reducir costes. Asimismo, se apoyarán proyectos que incrementen el valor añadido de la producción pesquera mediante inversiones en transformación, comercialización, diferenciación de producto, certificación de calidad y economía circular.

El sector agrario recibirá 19,4 millones para la modernización de las explotaciones mediante la incorporación de tecnologías de agricultura de precisión, así como de maquinaria y productivos orientados a la mejora de la eficiencia y para la reducción de la dependencia de insumos externos.

Dentro de estas ayudas, destaca la aportación de 10,8 millones para la estrategia de promoción agroalimentaria, especialmente para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de las cadenas cortas de comercialización, a la valorización del producto local, a la trazabilidad y a la diferenciación en los mercados.