"La Xunta tendrá tolerancia cero con las conductas violentas que pongan en riesgo la integración del personal en los centros sanitarios", indicó Rueda.

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Xunta, Antonio Gómez Caamaño, remarcó que quieren “poner los medios y recursos para prevenir y atajar todo acto violento contra las personas que cuidan y velan por nuestra salud".

Entre las principales novedades, según explicó Rueda, está que "Galicia se convertirá en la primera comunidad en considerar sanciones por agredir técnicos de emergencias o del 061". Así se había comprometido la consejería de Sanidad ante las asociaciones que representan a estos trabajadores, que tienen un alto nivel de exposición al riesgo de agresiones.

Además, la definición de profesional de ámbito sanitario también se amplía a personal con otras funciones como la inspección de servicios sanitarios o personal de las áreas de admisión y administración de los centros sanitarios.

Como respuesta a nuevas formas de violencia, Rueda resaltó que la futura ley incluirá la violencia digital ejercida por pacientes, familiares o acompañantes contra profesionales de la sanidad, además de la violencia física y verbal. El concepto se extiende para aplicarse a agresiones fuera de los recintos sanitarios con ocasión de las funciones de sus profesionales y no solo durante su propio ejercicio.

Dentro de los deberes de la ciudadanía, además del genérico deber de respeto al personal que presta sus servicios en el sistema de salud de Galicia, se incorpora el deber de respeto de su honra y prestigio profesional. En correlación con ese deber, se establece su incumplimiento como infracción sanitaria.

La reforma de la Ley de salud incluye la modificación del capítulo de infracciones y sanciones para dar un tratamiento específico y distinto para las agresiones y demás actitudes violentas, de manera que se individualicen, tipifiquen y sancionen de manera individualizada y singularizada de acuerdo con su gravedad.

PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA

Otra de las novedades, tal y como explicó el consejero, es que en los supuestos de infracción grave o muy grave cometida en el ámbito del Sistema público de salud de Galicia, podrán acordarse sanciones accesorias como la asignación a la persona infractora de otro profesional sanitario distinto y/o su adscripción a un centro sanitario distinto de la misma localidad, por un plazo no superior a cinco años.

Como garantía y medida de protección para lo personal del Sistema público de salud Gallego, víctima de violencia en el ámbito sanitario, la nueva ley prevé también la posibilidad de articular medidas de movilidad.

Gómez Caamaño también indicó que el proyecto de ley "regula las grabaciones sin consentimiento en consultas", una práctica que se considerará "una quiebra de la confianza y que puede llevar a que el profesional suspenda la asistencia", dejando constancia de eso en la historia clínica, quedando garantizada, en todo caso, la atención sanitaria del usuario.

En el mismo sentido, el Servicio Gallego de Salud prestará apoyo psicológico al personal agredido de la sanidad pública. Cuando así lo precise, la Asesoría Jurídica de la Xunta facilitará asesoramiento legal sobre las acciones y denuncias que quepa interponer.

El proyecto de Ley de modificación de la Ley de salud aprobado hoy por el Consello da Xunta hace hincapié en la prevención e introduce medidas de formación específica como la realización de actividades conjuntas con interlocutores policiales y sanitarios. Aunque ya se están realizando formaciones en los distintos centros de trabajo, se incrementará con nuevas actividades como un curso en línea para autoformación.

Se añade un artículo relativo al Plan gallego de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que será el instrumento que garantice el derecho de todos los profesionales a recibir asistencia y protección de las administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones. Será de aplicación en todos los centros asistenciales de la sanidad pública e incluirá, entre otras cosas, medidas organizativas dirigidas a evitar las situaciones de violencia en el ámbito sanitario y atenuar sus efectos.

Para evaluar la situación, se crea el Registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario, en el cual se inscribirán todos los actos de violencia que resultaran sancionados.

Estas modificaciones legales buscan ante todo prevenir actos de violencia externa que puedan sufrir los trabajadores de la sanidad pública que tienen como labor cuidar de la ciudadanía. Para su redacción, la Consejería de Sanidad tuvo en cuenta numerosas aportaciones de profesionales, asociaciones y representantes de los trabajadores.

El texto será ahora remitido al Parlamento para su tramitación y aprobación parlamentaria y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.