Desde el año pasado, la FGE trabaja en coalición con otras regiones europeas en Bruselas para defender el papel de las regiones como responsables de diseñar y gestionar las actuaciones que financiarán esos fondos.

En esta línea, en septiembre, la entidad elaboró un documento de posición que fue aprobado por la delegación española del Comité Europeo de las Regiones el pasado mes en Santiago de Compostela. En él se advertía de que los nuevos planes nacionales podrían provocar una excesiva centralización de las decisiones y poner en riesgo el principio de cohesión territorial de la Unión Europea.

El pasado julio, la Comisión Europea presentó su propuesta, con la principal novedad de la puesta en marcha de planes únicos por país para ejecutar los fondos de cohesión, agricultura y pesca. No obstante, la presión ejercida sobre las instituciones comunitarias dieron como resultado que ayer mismo la Comisión Europea se mostrara abierta a realizar cambios en su propuesta para dar respuesta a las demandas de las regiones, algo muy excepcional en el debate comunitario.

En la reunión, se aprobó de facto la incorporación de las diputaciones provinciales de Ourense y Pontevedra al patronato. El consejero Diego Calvo incidió en la importancia de que, a partir de ahora, las cuatro diputaciones gallegas formen parte de la FGE, lo que, destacó, reforzará la dimensión local en la actividad de la entidad.

Se abordó el programa de bolsas de formación para graduados universitarios con el que cuenta la Fundación Galicia Europa. Actualmente lleva a cabo el proceso de selección de una bolsa para especializarse en la política europea de I+ D+ i y, a finales de año, convocará otra bolsa de formación en el ámbito de la comunicación de los asuntos europeos. Los becarios realizarán prácticas en la oficina de Bruselas durante casi un año. Por otra parte, el programa TecEuropa de especialización en financiación comunitario continuará con dos ediciones presenciales en Bruselas.

Este ente instrumental del sector público autonómico actúa desde 1988 como punta de lanza de la participación gallega en los asuntos europeos. La Ley 10/2021 reguladora de la acción exterior de Galicia recoge su mandato para "ejercer la representación autonómica gallega ante las instituciones y órganos de la Unión Europea siguiendo las directrices del Gobierno autonómico y respetando los principios de unidad de acción exterior del Estado". Su atronato está formado por la Xunta de Galicia, Abanca, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y las Diputaciones de A Coruña y Lugo, a las que ahora se sumarán las de Ourense y Pontevedra.

La FGE centra su trabajo en cuatro ejes: la defensa de los intereses gallegos ante la UE, el fomento de la participación gallega en proyectos europeos, la información y formación sobre la UE en Galicia, y una plataforma virtual de información europea para la juventud EuroXuventude. La entidad cuenta con dos oficinas, una en Santiago de Compostela y otra en Bruselas, formando parte esta última de las más de 200 representaciones regionales establecidas en la capital comunitaria.