Se trata de las dos normas que desarrollan el Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, a través del cual el Ejecutivo central impuso una distribución de menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las distintas comunidades y de los cuales más de 300 irán a Galicia.

Tal y como recordó Rueda, Galicia, junto con "otras diez comunidades autónomas", ya recurrió previamente al Tribunal Constitucional contra dicho real decreto ley del pasado mes de marzo, al entender que invade competencias autonómicas, ya que el sistema de protección a la infancia, como dictaminó el Consejo Consultivo, es una competencia exclusiva de las autonomías.

Por eso, la Xunta actúa “con coherencia” y los recursos presentados ahora en el Tribunal Supremo tienen la misma argumentación, “al considerar que los decretos que desarrollan la Ley de marzo arrastran los mismos vicios de inconstitucionalidad”. Asimismo, la Xunta denuncia que en lo que llevamos de año el Gobierno central “aun no aportó financiación ninguna para el acogimiento de estos menores”.