Así se expresó Díaz en el acto en el que recibió oficialmente el informe del comité de expertos con planteamientos para subir el SMI el año próximo, en el que se sugiere que se incremente un 3,1% si sigue exento de IRPF, hasta los 1.221 euros por 14 pagas, y un 4,7% si se termina con la exención de tributar, lo que dejaría este indicador en los 1.240 euros.

En la actualidad, el SMI está fijado en los 1.184 euros al mes por 14 pagas, de modo que con la parte baja de la horquilla de los expertos el salario mínimo aumentaría 37 euros y en la banda alta repuntaría 56, si bien en este caso parte de la subida ya no iría a parar a los trabajadores de manera directa, sino que tributaría en el IRPF.

“Va a ir en paralelo con la revalorización del SMI”, clarificó Díaz al ser preguntada por si se va a negociar a la vez la subida del SMI y la reforma de su regulación para modificar aspectos como que no se puedan reabsorber complementos cuando las nóminas de los empleados se vean alcanzadas por las revalorizaciones del SMI. Con todo, indicó que ya ha salido a consulta pública el texto de la reforma legal.

Al recoger el informe, Yolanda Díaz mostró su disposición a intentar alcanzar un acuerdo tripartito para revalorizar el SMI en el que puedan estar los sindicatos y la patronal, aunque asumió la dificultad de lograrlo, al espetar: “Lamento que el señor Garamendi anteponga la reelección de su candidatura a la CEOE al bien de su país, y esto es lo que está enturbiando absolutamente todo.

Tras ese mensaje al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, precisó que “el diálogo social goza de muy buena salud”, aunque se dolió de que Garamendi esté, a su parecer, en “campaña para seguir siendo el presidente de la CEOE”.

El informe de los expertos contó con el voto discrepante de los Ministerios de Hacienda y de Economía, aunque fuentes de Trabajo aclararon que se trataba de una falta de acuerdo en la metodología y no en el resultado. No en vano, esas matizaciones no han sido incorporadas como tal al informe y Díaz aventuró este viernes que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pondrá “a la cabeza” de la nueva subida.

También sobre las discrepancias, cabe recordar que, el año pasado, Díaz y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvieron diferencias en el seno del Ejecutivo a cuenta de la tributación del SMI, exento hasta entonces. Pero como desde 2018 este indicador ha crecido un 61%, Hacienda era partidaria de que ya empezara a tributar IRPF, lo que no compartía Trabajo.

El disenso se resolvió con una solución temporal para un año para mantener la exención y, ahora, con la nueva subida para 2026, se abre de nuevo el debate sobre si incrementar o no la exención de IRPF. Con este asunto sin resolver, Díaz encargó a los expertos que plantearan una cifra con tributación y otra sin ella, a fin de asegurar que el SMI neto siga ligado al 60% del sueldo medio.

Este viernes, informaciones periodísticas apuntan a que Hacienda se estaría planteando aumentar la exención de tributación para que el SMI permanezca un año más libre de IRPF.

POLÍTICA DE ÉXITO

Por otra parte, Yolanda Díaz calificó las revalorizaciones del SMI como “política de éxito” que, además, “lo ha cambiado todo en nuestro país”. Igualmente, contrapuso las bajas subidas de este indicador durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando este salario no permitía vivir con “dignidad”, con el repunte del 61% desde 2018.

En la misma línea, recordó que el primer incremento que ella llevó a cabo en 2020 fue de 50 euros, con el respaldo de sindicatos y patronal, y que hubo quienes dijeron que era una cifra insuficiente. Discrepó de este hecho porque puede marcar la diferencia entre “poder o no comprar carne o pescado”.

Señaló que el SMI es una de las medidas que más valora la ciudadanía entre las que ha impulsado el actual Gobierno de coalición, “con un apoyo mayúsculo, se vote a quien se vote, y esto habla muy bien de nuestro país”. “El salario mínimo le sienta muy bien a España”, aseveró Díaz, quien apuntó que es “la herramienta más poderosa para reducir la pobreza laboral y la desigualdad”.

En su intervención, resaltó que, desde 2018, quienes cobran el SMI han ganado un 38% de poder adquisitivo, mientras que se han creado ampliamente más de dos millones de empleos. En consecuencia, sentenció que “no eran verdad” los argumentos que alertaban de que incrementar este indicador perjudicaría al empleo.

Asimismo, calificó de “emocionante” que, con el SMI, por primera vez, una familia monoparental, generalmente mujeres, “queda por encima del umbral de la pobreza”. “Una madre sola puede dormir un poquito mejor”, se congratuló la vicepresidenta segunda, antes de proclamar que “la política es esto, y el resto son otras cosas”.

“Estos datos tienen alma, hablan de la vida de la gente”, enfatizó Díaz, quien precisó que, pese a estos avances, España “sigue siendo un país de bajos salarios”, con una mediana salarial en el entorno de los 1.600 euros, una cuantía con la que “no se puede vivir con dignidad”.

GRAN INJUSTICIA

En su alocución, la titular de la cartera de Trabajo también afirmó que los beneficios empresariales “están en máximos”, por lo que defendió que se debe “repartir la riqueza” que hay en España. Y ello, mientras hizo alusión a la mesa de diálogo abierta con los agentes sociales para reformar la regulación del SMI en España para que, entre otras cosas, los complementos en nómina no se vean reabsorbidos cuando el SMI afecta a los empleados.

A su juicio, es una “gran injusticia”, porque subir el salario mínimo debe “mejorar la vida de la gente” y para ello debe llegar a su bolsillo, lo que no sucede si, por ejemplo, se reabsorbe un plus de peligrosidad por la actividad desempeñada.

Por su parte, la coordinadora del informe, Begoña Cueto, destacó los efectos positivos de las subidas del SMI en la reducción de la desigualdad o en el impulso de los sueldos en los convenios colectivos y explicó que los trabajadores englobados por el SMI ha aumentado, pues ya se encuentran entre el 7% y el 10%, por lo que ya no solo atañe a los jóvenes.

En su opinión, los efectos sobre la creación de empleo han sido “pequeños”, pese a que las subidas han sido “importantes” en los últimos años. “Por primera vez un SMI es suficiente para estar fuera del riesgo de pobreza”, celebró Cueto. Asimismo, pidió analizar los efectos del SMI en aspectos como la productividad.

Finalmente, los sindicatos propusieron hace algunas fechas que si se mantiene la exención el SMI se revalorice un 2,7% y que si se acaba con ella el aumento llegue hasta el 7,52%. CEOE y Cepyme discreparon de estas cifras y plantearon esta misma semana un aumento del 1,5%.

Los empresarios apoyaron su tesis en que el SMI ya está por encima del 60% del salario medio en España si, en lugar de medir el salario medio con la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) se hace con la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que ven más “adecuado”, ya que la primera no incluye las retribuciones de los sectores a los que más afecta, precisamente, el SMI (actividades del campo y empleadas de hogar), cosa que sí abarca la EPA.

Los siguientes pasos, tras la presentación del informe, son que Trabajo abra una negociación con sindicatos y patronales y fijar a posteriori la cifra. Eso sí, el Ministerio tiene abierta una mesa de diálogo en paralelo en la que está abordando una reforma de la legislación del SMI en España para que, entre otros aspectos, no se puedan reabsorber determinados complementos de la nómina de los empleados cuando se vean alcanzados por las sucesivas subidas del SMI.

CEOE ya ha advertido de que esta reforma no se puede hacer vía reglamento, puesto que al modificar aspectos “fundamentales” del Estatuto de los Trabajadores se trataría de una norma con rango de ley y, en consecuencia, debe pasar por el Parlamento. De hecho, desde la patronal plantarán batalla en los tribunales si esta norma no se lleva al Congreso.

En cualquier caso, el acuerdo se antoja difícil, pues los sindicatos ya han tachado de “ridícula” la propuesta del 1,5% de la patronal, mientras que fuentes del Ministerio de Trabajo la ven “poco rigurosa”.