“Vamos a avanzar en este objetivo, como siempre en el diálogo social. Vamos a intentar un acuerdo. Me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, de la deliberación parlamentaria”, declaró la vicepresidenta segunda en una comparecencia en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar establece que la jornada legal máxima de trabajo se reducirá este año de las 40 a las 38,5 horas y en 2025 hasta las 37,5. Díaz ha convocado este jueves a los sindicatos y a la patronal para iniciar la negociación de cómo se aplicará la medida.

Para la ministra, “la mejora del mercado de trabajo hoy tiene que ver con la mejora de la productividad en nuestro país”, ya que en productividad, España sufre un diferencial negativo de 7,3 puntos con Europa.

La reducción de la jornada laboral beneficiará a más de 12 millones de trabajadores en el sector privado, según Díaz, quien dijo que esta medida debe ir acompañada también de una mejora en los usos del tiempo y del reequilibrio de las tareas domésticas entre hombres y mujeres.

Díaz también sacó a colación su compromiso de reformar el Estatuto de los Trabajadores y explicó que una comisión de personas expertas comenzará a elaborar el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, al tiempo que subrayó que se va a “impulsar la democracia” en las direcciones de las empresas.

Asimismo, la titular de la cartera de Trabajo comentó que, con “carácter inminente”, se trabajará con el resto de grupos el texto de la transposición de la directiva de transparencia en las condiciones laborales al marco legislativo español.

SINIESTRALIDAD

Por otro lado, se va a convocar la Mesa de Diálogo Social para abordar la siniestralidad laboral y buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar este problema, que también señala la necesidad de abordar las patologías relacionadas con la salud mental y su peligrosidad en el trabajo.

La regulación del despido será otra de las prioridades del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en especial el cese del despido automático ante la oficialización de determinadas invalideces por discapacidad sobrevenida.

La vicepresidenta segunda también se comprometió a que vea la luz el Estatuto del Becario, que quedó pendiente de ser aprobado con el adelanto electoral de julio y que está pactado con CCOO y UGT, con el fin de luchar contra las “prácticas fraudulentas”.

Garantizar los derechos de los trabajadores ante la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, impulsar medidas desde el diálogo social para evitar la discriminación en el mundo del empleo de las personas Lgtbi, y la transposición de la Directiva europea sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres son otros de los compromisos anunciados por Díaz, quien también puso de relieve su compromiso con la economía social.