El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sacado a fase de audiencia pública un anteproyecto de ley que incluye en el Estatuto de los Trabajadores la prohibición de que los empleados que denuncien posibles casos de corrupción en su empresa u organización puedan sufrir discriminación o represalias, así como declara nulos todos los despidos que se ejecuten relacionados con esta causa.