El anteproyecto de ley modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La sociedad civil puede presentar propuestas hasta el 26 de diciembre.

La ley cuenta con dos artículos y tres disposiciones finales. El artículo primero modifica los artículos 4.2, 14.2, 17.1, 53.4 y 55.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de incluir la prohibición de discriminación, directa o indirecta, para el empleo o, una vez iniciada la relación de trabajo, la nulidad del despido durante el periodo de prueba, la nulidad de las órdenes de discriminar y de las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia, la nulidad del despido por causas objetivas y la nulidad del despido por causas disciplinarias, cuando se produzcan con ocasión de una revelación o de la presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen.

El artículo segundo modifica el contenido del artículo 124.2 de la Ley, reguladora de la jurisdicción social, para permitir fundamentar la demanda contra un despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor, cuando tenga por objeto represaliar a las personas trabajadoras con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la ley reguladora de la protección de las personas que informen.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz explica que la norma es “necesaria” y “eficaz”, pues persigue una razón de “interés general” consistente en asegurar la indemnidad de las personas trabajadoras por cuenta ajena que forman parte del sistema de protección de las personas informantes y que se concreta en la prohibición y, en su caso, la nulidad de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial.

El anteproyecto de ley, que todavía tiene que pasar dos veces por el Consejo de Ministros y después ser aprobada en el Parlamento, recoge que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno ya transpuso en 2023 una directiva europea con medidas de lucha contra la corrupción para proteger a los empleados denunciantes, aunque con esta norma, Trabajo busca dar mayor protección a estas personas.

Cabe recordar que la Ley reguladora de la protección de las personas que informen afecta tanto a entidades del sector público como del sector privado. En el ámbito privado, deben crear y gestionar canales internos de denuncia todas aquellas empresas que empleen a 50 o más personas. En el ámbito del sector público, la anterior obligación afecta, sin excepciones, a la totalidad de las entidades que lo componen.

Sin perjuicio de lo anterior, las limitaciones por volumen de empleo solo afectan a las obligaciones relacionadas con los canales internos de información, por lo que las personas informantes que trabajan en empresas privadas de menor tamaño, aunque solo podrán hacer uso de los canales externos de información o, en su caso, revelar públicamente estas informaciones, tendrán derecho a acceder en igualdad de condiciones al sistema de protección que despliega la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

En los últimos meses, Díaz mostró su “preocupación total” por la corrupción en España, de la que dijo que “no es ni de izquierdas ni de derechas”. Tras el estallido de las presuntas corruptelas que salpican al PSOE y que tienen como protagonistas a los dos anteriores secretarios de Organización del partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como a la ‘mano derecha’ de este segundo cuando era ministro de Transportes, Díaz ya adelantó que impulsarían desde Sumar medidas para luchar contra este problema y para reforzar la prevención.

También se mostró dispuesta a perseguir no solo a los corruptos, sino a los “corruptores”, en relación con las empresas que están dispuestas a pagar comisiones para conseguir tratos de favor. La CEOE se quejó entonces de que se ponga la sospecha sobre las empresas.