En esta reunión, la vicepresidenta segunda analizó con los representantes de las empresas de inserción la situación de estas entidades y ha elogiado el esfuerzo que hacen a diario para crear una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión o en situación vulnerable.

Estas entidades, que forman parte del ecosistema de fórmulas empresariales de la economía social, proporcionan empleo en la actualidad a más de 11.600 personas, de las cuales un 60% están en proceso de inserción. Más de la mitad son mujeres. “Cada puesto de trabajo que creáis es una puerta a la abierta a la igualdad real”, trasladó Díaz.

Por su parte, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, explicó que se está trabajando en diferentes vías para potenciar estas entidades, que cuentan con el valor añadido de estar realizando una contribución significativa a la cohesión social, ya que el 63% de personas con itinerario en estas empresas acaba en el mercado laboral ordinario, según datos de la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción (Faedei).

A través del proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que se está tramitando en el Congreso, se modernizará la ley 44/2077 de Empresas de Inserción actualizando los perfiles de exclusión, fortaleciendo los itinerarios de formación y adecuando los contratos laborales a las necesidades reales de estas empresas.

Asimismo, se potenciará la contratación pública elevando al 15% el porcentaje mínimo de reserva en los contratos a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a las empresas de inserción. De la mano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, cuya secretaria de Estado Rosa Martínez, también ha participado en el encuentro, también se está trabajando para reforzar el cumplimiento efectivo de esa contratación reservada.

La vicepresidenta segunda señaló, además, que a nivel internacional se está trabajando con la Comisión Europea para facilitar el acceso de las empresas de inserción a las ayudas eliminando trabas burocráticas y ampliar los plazos de acompañamiento de inserción, una demanda del sector, más allá de los 12 o 24 meses actuales. “Una inserción real y duradera requiere tiempo, acompañamiento y recursos”, resumió Díaz.