La candidatura de Díaz, presentada por el Gobierno español, aspira a situar por primera vez a una mujer al frente de la OIT, fundada en 1919. La elección del nuevo director general se celebrará mediante una votación secreta del Consejo de Administración, el órgano ejecutivo de la institución, que se reunirá a puerta cerrada.

Este organismo está integrado por 56 miembros con derecho a voto: 28 representantes de los gobiernos, 14 de los trabajadores y otros 14 de los empleadores. Para resultar elegido, cada aspirante deberá obtener el respaldo de más de la mitad de los miembros habilitados para votar, lo que supondría al menos 29 votos si los 56 pudieran ejercer su derecho. El mandato del nuevo director general tendrá una duración de cinco años y comenzará el 1 de octubre de 2027, en sustitución del actual periodo de Gilbert F. Houngbo.

Díaz tendrá como principal rival al propio Houngbo, economista y ex primer ministro de Togo, que aspira a renovar el cargo que ocupa desde 2022. La carrera contó inicialmente con un tercer aspirante, el exministro de Exteriores de Perú Javier González-Olaechea, pero este retiró su candidatura el 4 de noviembre.

POSICIONAMIENTOS

La Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional han expresado públicamente su respaldo a la continuidad de Houngbo, aunque el apoyo de esta última organización generó discrepancias en el ámbito sindical europeo, donde están enmarcados los apoyos de CCOO y UGT a la española.

En cualquier caso, el hecho de que la parte sindical no respaldara de manera clara a Díaz merma sus posibilidades, por cuanto sus opciones radican en la parte de los trabajadores y no tanto en las patronales. En cambio, entre los votantes en nombre de los gobiernos, la ministra sí tiene opciones de recabar una cantidad relevante de sufragios, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

Pese a las dificultades, la vicepresidenta segunda se muestra optimista. “Estamos preparadas. Por eso, vamos a recuperar la OIT, Vamos a ganar”, proclamó en unas declaraciones en sus redes sociales recogidas por Servimedia, en las que sentenció: “Así no se puede seguir; el continuismo no es una opción”.

Defendió que hay que regular la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos, porque ahora están muy presentes en el mundo del trabajo, al tiempo que urgió a luchar contra la informalidad en la que todavía se encuentran millones de trabajadores en el mundo. Igualmente, alertó de la crisis económica que sufre este organismo y reclamó para él una mejor gestión. “Sabemos hacerlo y lo vamos a demostrar”, se retó.

TRAYECTORIA

Díaz tomó posesión de la cartera de Trabajo en enero de 2020 y, entre las luces de su trayectoria sobresalen al inicio las medidas de respuesta a la pandemia de covid-19, especialmente los ERTE, que junto al Ministerio de Seguridad Social, y con el acuerdo de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme protegieron a centenares de miles de empresas y autónomos y a más de tres millones de puestos de trabajo.

Asimismo, tras una dura negociación, consiguió el primer acuerdo tripartito de la democracia para una reforma laboral, que limitó las modalidades de contratación temporal y favoreció un fuerte aumento de los contratos indefinidos. La tasa de temporalidad pasó de situarse en torno al 25% a aproximadamente el 15%.

En su haber, además de la reducción del paro hasta niveles de 2007, Díaz tiene la denominada ‘ley rider’, que estableció la presunción de laboralidad de los repartidores de plataformas digitales, la regulación del trabajo a distancia y la reforma del subsidio por desempleo, que amplió la protección a determinados colectivos y elevó las cuantías de las ayudas.

Otro de los principales ejes de su gestión fue el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de 900 euros mensuales en 14 pagas en 2019 a 1.221 euros en 2026. Al hilo, busca ahora elevarlo otro 5,3%, hasta los 1.286 euros, pese a las críticas por electoralismo ante la cercanía de las elecciones generales.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo atravesada por las dificultades para mantener el respaldo de las organizaciones empresariales y por varios proyectos que no llegaron a materializarse, especialmente a partir de 2023, cuando los acuerdos con CEOE y Cepyme se frenaron en seco. El principal revés fue la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial, una de sus grandes promesas de la legislatura, cuyo proyecto de ley fue rechazado en el Congreso en septiembre de 2025 por los votos de PP, Vox y Junts.

Entre las principales asignaturas pendientes figuran también la aprobación del Estatuto del Becario, la reforma de la prevención de riesgos laborales y el refuerzo del registro horario para controlar las horas extraordinarias. En su debe, también carga con la ampliación de los permisos por fallecimiento de familiares y la modificación de la indemnización por despido improcedente, si bien todo ello estuvo muy marcado por la precaria situación parlamentaria del Ejecutivo de coalición tras los comicios de julio de 2023.

Sea cual sea el resultado, Díaz ya avanzó en primavera que no lideraría las fuerzas a la izquierda del PSOE, antes Sumar y ahora Frente Amplio, con lo que se antoja muy difícil que pueda seguir formando parte del Gobierno de España, independientemente de que se produzca o no un cambio del color político en el Ejecutivo.