Así, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, pide al juez José Luis Calama que pregunte a la Fiscalía Anticorrupción sobre el auto o resolución que le permitió abordar el análisis del dispositivo incautado a uno de los abogados investigados, Miguel Palomero de Juan.

La reclamación se centra en concreto sobre el contenido del disco duro denominado 'Crucial', fundamental para la apertura de esta causa y que fue entregad por las autoridades estadounidenses tras el volcado del móvil del empresario Rodolfo Reyes. En relación a ese volcado, el abogado de Zapatero vuelve a exigir que se le explique si esa información “fue regularmente obtenida”, con control judicial y con respeto a los derechos de los implicados en la causa.

En ese sentido, uno de los recursos exige tener acceso a la orden judicial que avaló esa investigación señalando que no se trata de “una mera formalidad, sino una exigencia legal autónoma e ineludible” que, de no existir, podría respaldar una eventual petición de nulidad.

Entiende el letrado que este dato es “determinante” para el derecho de defensa del expresidente y para un proceso “con todas las garantías” y señala los dispositivos incautados en registros amparados por una Orden Europea de Investigación (OEI) de Francia y una Comisión Rogatoria del cantón de Ginebra (Suiza) autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 y practicadas el 24 de octubre de 2024.

Según su relato, ese material fue analizado por la UDEF y posteriormente usados en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en relación al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Explica, además, que el material fue incautado en cumplimiento de la orden que procedía de Francia y de la colaboración con Ginebra y que después “parece” que fue utilizado en “investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto (...) hasta desembocar en la imputación que ahora afecta” a Zapatero.

El abogado asegura en su recurso que la “reutilización” del material obtenido en procedimientos distintos “no es indiferente” y, en cualquier caso, requeriría una autorización judicial que reclama. De no existir esa autorización y unan resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento “se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución”, por lo que los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de las comunicaciones y datos personales habrían sido “vulnerados”.

El letrado también ha presentado un segundo recurso de reforma contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de no pedir más información a EEUU sobre las condiciones del volcado del móvil de Rodolfo Reyes. El magistrado rechazó ampliar la comisión rogatoria enviada a EEUU para obtener más detalle sobre cómo se clonó el móvil del empresario venezolano vinculado a Plus Ultra, como pedía Zapatero.