El Defensor del Pueblo supervisa un vuelo de repatriación de extranjeros a Ecuador y ColombiaLa Oficina del Defensor del Pueblo supervisó la semana pasada un vuelo de repatriación de extranjeros con escala en Quito y destino final en Bogotá, con el objetivo de examinar los procedimientos seguidos por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para la custodia, identificación, registros y asistencia de los repatriados
Feafes quiere que el internamiento en centro psiquiátrico de personas con enfermedad mental no supere los tres añosLa Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) quiere que el internamiento en centro psiquiátrico de los ciudadanos con este tipo de enfermedad no supere los tres años, y pide por tanto al Gobierno que modifique la propuesta sobre este punto recogida en el borrador de la reforma del Código Penal, que habla de cinco años, con posibilidad de prórrogas
Feafes quiere que el internamiento penitenciario de personas con enfermedad mental no supere los tres añosLa Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) quiere que el internamiento penitenciario de los ciudadanos con este tipo de enfermedad no supere los tres años, y pide por tanto al Gobierno que modifique la propuesta sobre este punto recogida en el borrador de la reforma del Código Penal, que habla de cinco años, con posibilidad de prórrogas
Feafes quiere que el internamiento penitenciario de personas con enfermedad mental no supere los tres añosLa Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) quiere que el internamiento penitenciario de los ciudadanos con este tipo de enfermedad no supere los tres años, y pide por tanto al Gobierno que modifique la propuesta sobre este punto recogida en el borrador de la reforma del Código Penal, que habla de cinco años, con posibilidad de prórrogas
(Reportaje) Ninguna persona con enfermedad mental o discapacidad intelectual en prisión‘Peligro, se legisla’ reza el título de un artículo firmado desde FEAFES para manifestarse contra el “controvertido” Código Penal aprobado por el Gobierno, actualmente en trámite parlamentario. Los legisladores “no son capaces” de adaptarse a la Convención de la ONU sobre discapacidad que firmaron. La normativa vulnera derechos de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual y atentan contra su imagen. Este es un caso flagrante, también sangrante, y urge desmantelar el “falso” mito de que estos dos colectivos son “peligros”. Aún más perentorio, evitar que vayan a prisión
Interior recibe más de 10.000 firmas contra los Centros de Internamiento de ExtranjerosRepresentantes de 12 organizaciones sociales entregaron este miércoles un total de 10.520 firmas en la sede del Ministerio del Interior para rechazar la detención de personas inmigrantes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como medida para el control migratorio
El Congreso pide reformas legales para que todas las personas con discapacidad puedan votarLa Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles por unanimidad instar al Gobierno a "elaborar en el plazo de seis meses un informe con las propuestas de adecuación normativa de la legislación española" a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y en especial a lo referente al "derecho electoral vigente", para que todas las personas con discapacidad puedan votar en igualdad de condiciones
Discapacidad. PP y CiU ultiman un texto para garantizar el voto a todos los discapacitadosEl Grupo Parlamentario Popular y el de CiU están ultimando un texto consensuado sobre la proposición no de ley que los nacionalistas catalanes presentarán esta tarde en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para que un juez no pueda restringir el derecho al voto a ninguna persona con discapacidad
Las expulsiones de irregulares costaron a España el año pasado 17,3 millonesEl Gobierno expulsó el año pasado a 10.130 ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, lo que le supuso un coste de 17.396.190,51 euros, según una respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria escrita del PSOE, a la que ha tenido acceso Servimedia
España expulsó en 2012 a 10.130 inmigrantes irregulares, con un coste de 17,3 millonesEl Gobierno expulsó el año pasado a 10.130 ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, lo que le supuso un coste de 17.396.190,51 euros, según una respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria escrita del PSOE, a la que ha tenido acceso Servimedia