La iniciativa, presentada por CiU, se aprobó en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja y, en concreto, pide al Ejecutivo que elabore "en el plazo de seis meses un informe con las propuestas de adecuación normativa de la legislación española" a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en especial a lo referente al "derecho electoral vigente".

El objetivo de esta proposición es que todas las personas con discapacidad puedan votar en igualdad de condiciones y por eso el informe que se pide al Gobierno debe abordar el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Este artículo señala que "carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio", y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".

La idea de la reforma planteada por CiU a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) es adecuar la normativa española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta convención establece, en su artículo 29, que los Estados deben asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, incluidos el derecho y la posibilidad de votar.