Según un auto de la Sala Penal del Alto Tribunal conocido este martes, el Supremo no encuentra una imputación suficientemente individualizada ni respaldo indiciario para abrir causa penal contra Bolaños.

La exposición de Peinado acusaba al ministro de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer de Sánchez. El juez relacionaba a Bolaños con la contratación de esta asistente durante el periodo en el que fue secretario general de Presidencia.

El auto destaca la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud" sobre la participación de Bolaños en los hechos denunciados, lo que ha llevado al archivo de las actuaciones.

La Sala recuerda que la malversación es un delito doloso y que "la mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público".

AUSENCIA DE PRUEBAS

Los magistrados señalan que no se especifica en qué unidad administrativa desempeñaba sus funciones la asesora contratada, si en el Gabinete del Presidente o en la Secretaría General, ni tampoco se acredita una desviación dolosa de los cometidos.

Respecto al supuesto falso testimonio, el tribunal indica que la acusación se basa únicamente en contradicciones entre las declaraciones como testigos de Bolaños y otra persona, sin que exista una "verdad judicial" firme con la que contrastar las manifestaciones.

La resolución subraya que no consta que el Juzgado de Instrucción consultara previamente al Ministerio Fiscal antes de emitir la exposición razonada, algo "extraño" al procedimiento habitual en la jurisdicción penal.

INFORME FISCAL DETERMINANTE

Para el Alto Tribunal, resulta clarificador el informe de la Fiscalía, que aporta aspectos relevantes sobre los hechos e incluye documentación de la Secretaría General de Presidencia omitida en la exposición inicial.

Los magistrados destacan que esta documentación es fundamental para conocer la normativa que rige el nombramiento de personal eventual y sus funciones en el ámbito de la Presidencia del Gobierno.

En su análisis, la Sala incide en que no puede exigirse declaración veraz a quien está siendo imputado por los mismos hechos sobre los que testifica, como ocurre en este caso con la malversación y el falso testimonio.

GARANTÍAS PROCESALES

El tribunal recalca la importancia de respetar todas las garantías procesales, especialmente cuando se trata de causas contra personas aforadas que requieren una especial cautela en su tramitación.

La resolución judicial establece así un importante precedente sobre los requisitos necesarios para admitir a trámite exposiciones razonadas contra cargos públicos aforados.

El archivo de la causa supone el fin de las actuaciones contra el ministro Bolaños por estos hechos, al no apreciarse base suficiente para continuar con la investigación judicial.

La decisión del Supremo es firme y confirma la necesidad de contar con indicios sólidos y una imputación precisa antes de proceder penalmente contra autoridades aforadas.