Según dicha entidad, esta norma supone “una perversión de las necesidades de las personas más vulnerables” y de las peticiones que las ONG han reclamado desde hace años".

Representa "una oportunidad perdida para ayudar a quienes más lo necesitan", lamentó.

En su comunicado, la coordinadora criticó que la Consejería de Políticas Sociales se ha negado a aceptar ningún tipo de enmienda o aportación por parte de las ONG y entidades madrileñas, que "vieron cómo ni siquiera se hacía acuse de sus aportaciones".

Entre otras modificaciones, la legislación propuesta ahonda en la brecha digital para las personas mayores, se niega a incorporar ratios de mínimos en los servicios sociales y rechaza medidas para paliar la falta de recursos que padecen los servicios municipales.

Con todo , "lo más grave es la incorporación de la llamada cláusula del concierto, que permitiría, sin límite, ni concurso público, concertar con la empresa privada cualquier servicio social", criticó.

“No podemos quedarnos callados ante una ley que pretende hacer con la Servicios Sociales lo que ya se intentó con la sanidad: su total privatización".

Por ello, pidió a la Asamblea madrileña que vote en contra y anunció que presentará recurso ante los tribunales contra "cualquier concierto o medida reglamentaria que ponga en peligro a los más vulnerables”.