Así lo desvela el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia publicado este viernes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a raíz de la presentación de los datos oficiales por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que, según la entidad, se refiere “exclusivamente” a aquellas personas con las que la Administración “no está cumpliendo los plazos previstos por la ley”, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido y no al total.

En este contexto, según los cálculos de la asociación, en el primer trimestre había 271.556 personas en listas de espera, 13.389 más que a finales del pasado año, con 118.716 personas que están a la espera de valoración y 152.840 personas esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Tras puntualizar que el ministerio “rebaja la cifra de desatención a 152.249 personas”, subrayó que “a este ritmo se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera”.

Con respecto a las prestaciones de proximidad, indicó que la intensidad media de la Ayuda a Domicilio “disminuye en este año y apenas supone poco más de una hora de atención diaria” y la prestación económica familiar también “disminuye y tiene un importe de 259,84 euros mensuales de media”.

“Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema 'low cost' que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo”, reivindicó.

ATENDIDOS

Según la asociación, 17.569 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones y servicios ha aumentado en 46.142, si bien este incremento “ha sido muy desigual” este año y se consolida la tendencia de aumento de servicios 'low cost' al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia.

Las comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Canarias (23,5%), País Vasco (15%), Cataluña (13,7%) y Murcia (13,5%); y las que menos Aragón (1,5%), Galicia (1,5%) y Castilla y León (2,7%).

Según el informe, 11 comunidades han aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia en estos tres meses y Cantabria (55%), Madrid (40,3%) y Castilla–La Mancha (34,9%) lideran este aumento.

Más de la mitad (59%) de las personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia” residen en tres Cataluña (81.371), Andalucía (49.900) y Comunidad Valenciana (29.762).

Las regiones que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos tres meses han sido Canarias (13%) y Cantabria (4,3%). Por el contrario, las que más han disminuido el número de personas atendidas son Navarra (1,9%) y Extremadura (1,2%).

En estos tres meses han fallecido casi 9.000 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA, 992 más que el año pasado a estas alturas. Casi la mitad (49%) se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567) y la autonomía con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (21).

En España las personas con derecho aumentan un 1,3% y las comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación hasta marzo han sido Cantabria (7,4%) y Canarias (5,4%). Por el contrario se reduce el número de personas con derecho en Navarra (2,3%), Castilla y León (1,5%), País Vasco (1,1%) y Extremadura (0,7%).

TRAMITACIÓN

En marzo, el tiempo medio de tramitación en España fue de 329 días, 12 días menos que al empezar el año, pero, según puntualizó la entidad, “superior al plazo estipulado”.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis Comunidades y Ceuta y Melilla (164) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (116), Aragón (129), País Vasco (131), La Rioja (154), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (174). Navarra (204) y Baleares (206) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Murcia (553 días), Andalucía (464 días), Asturias (375 días) y Canarias (374 días).

Además, Asturias ha aumentado en 48 días los tiempos de tramitación en este año. En el otro extremo, los han reducido Canarias (56 días), Andalucía (31 días) y Cantabria (29 días).

“La lista de espera se ha reducido paulatinamente desde el cénit que supuso la entrada en el sistema de las personas dependientes de grado I en julio de 2015. En aquel momento la lista de espera (personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación) se elevó a 442.000 personas”, añadió, al tiempo que explicó que, desde entonces y hasta final de 2024, se ha ido reduciendo “progresivamente”.

SOLICITUDES

En relación con el número de solicitantes, el 11,5% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (24%), Cataluña (19,2%) y Murcia (18,8%) son las comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,1%), Navarra (2,5%) y Galicia (1,4%) son las que menor porcentaje de personas esperando tienen.

En estos tres meses, la lista de espera aumentó un 5,2% en toda España y, para la asociación, “es preocupante la evolución en 2026” de Cantabria (55%), Madrid (40,3%) y Castilla–La Mancha (34,9%). En el otro extremo de porcentaje de reducción se encuentran Castilla y León (17,4%), Ceuta y Melilla (15,1%) y Navarra (13,7%).

En relación a datos absolutos, lideran el aumento Andalucía (9.808), Madrid (4.120) y Castilla–La Mancha (2.111), mientras Canarias (-1.911) y Castilla y León (-1.367) lideran la disminución del número de personas en lista de espera.