Discapacidad

Cocemfe exige que se cumpla la ley sobre discapacidad y se garantice la accesibilidad universal

MADRID
SERVIMEDIA

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y sus entidades miembros exigen el cumplimiento de todos los artículos de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que se garantice la accesibilidad universal, una atención sociosanitaria personalizada y mayor apoyo y visibilidad a la discapacidad física y orgánica.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, Cocemfe emitió un manifiesto titulado ‘Por un futuro para todas las personas’, donde da cuenta de sus propuestas para acabar con la vulneración de derechos, libertades e igualdad de oportunidades de este grupo social.

En él se hace hincapié en que “la falta de unas políticas sociales verdaderamente comprometidas con los problemas de las personas, el incumplimiento crónico de la normativa sobre discapacidad y la ausencia de un sistema eficaz de infracciones y sanciones” motivan el “déficit estructural” que impide “la participación en todas las actividades y facetas de la vida” de las personas con discapacidad.

Asimismo, sobre el hecho de que este 4 de diciembre venza el plazo máximo fijado en la citada ley para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, señaló que ese día “volveremos a comprobar cómo garantizar nuestros derechos y libertades no es una prioridad", porque "España sigue siendo un país repleto de barreras”.

“Ya es hora de que las administraciones tomen las riendas y aseguren de una vez por todas el cumplimiento de la ley”, reclamó Queiruga, quien reivindicó que se ponga en marcha un sistema de infracciones y sanciones que sea "verdaderamente eficaz" y disponga de los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Además, entre las propuestas que recoge el documento figura el reconocimiento oficial de los derechos de todas las personas con discapacidad física y orgánica, a través de la regulación de un baremo de valoración del grado de discapacidad que proporcione una cobertura justa y equitativa y cumpla con los criterios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

Por último, defiende la necesidad de una mayor “concienciación sobre la existencia de las discapacidades orgánicas, que al ser aparentemente invisibles son, en muchas ocasiones, las más olvidadas por los medios de comunicación, las políticas públicas y la población en general”.

(SERVIMEDIA)
03 Dic 2017
CJC/caa