La iniciativa, fruto de una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, destaca la necesidad de que se lleve a cabo un estudio sobre la situación actual del acceso a la Educación Secundaria del alumnado sordo que incluya, entre otros aspectos, el número de profesores e intérpretes titulados en lengua de signos y de alumnado sordo.

Este estudio deberá realizarse junto a las comunidades autónomas, organizaciones representativas del colectivo de personas sordas, sordociegas y/o con discapacidad auditiva, así como organizaciones de intérpretes de lengua de signos y plataformas en defensa de la inclusión educativa del alumnado con sordera y sordoceguera, puesto que, según afirmó la senadora de Unidos Podemos Pilar Lima, “para atender a la diversidad debemos conocerla”.

Asimismo, esta iniciativa pide al Gobierno que se incluya en el proyecto del real decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas con el fin de que sirva de impulso para una normativa autonómica.

Esta normativa tendrá como objetivo velar por “el acceso a la Educación Secundaria mediante el recurso de la interpretación en lengua de signos para alumnado sordo signante” y garantizar así que este colectivo “de cualquier autonomía tenga acceso a la totalidad de las horas lectivas en lengua de signos, tal y como dice el artículo 7 de la citada ley”. En este sentido, Lima manifestó que “las personas sordas no pueden sentirse discriminadas dependiendo del lugar donde vivan”.

Por último, la moción reclama también que se establezcan “los mecanismos necesarios en coordinación con las comunidades autónomas para que este marco común se establezca en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación que se encuentra en fase de negociación”.