La Ordenanza de Transparencia aprobada en julio de 2016 incluyó la previsión de este registro, cuyas líneas básicas se aprobaron en el Pleno de junio pasado junto a un plazo previsto de seis meses. Ahora se ha detallado la propuesta, que entrará en vigor en enero y pretende complementar la agenda, ya pública, de los 295 concejales y altos cargos del Ayuntamiento. El registro es gratuito, y será público salvo los datos personales que requieran la debida protección. Si la Comunidad pusiera en marcha otro, el municipal se integraría en él.

Los inscritos rellenarán una declaración responsable que incluirá la naturaleza jurídica de la entidad que representan y las ayudas, convenios y contratos municipales de que se hayan beneficiado, y se comprometerán a no aceptar regalos prohibidos. Una vez registrado el lobby, podrá recibir automáticamente información de los procesos administrativos de temas que le interesen. Estarán eximidas las asociaciones vecinales y los sindicatos en el ejercicio de su función constitucional.

Cuando quieran solicitar una reunión con un responsable municipal, lo harán a través del registro, especificando el motivo de la misma, y el solicitado recibirá un correo elecrónico, de forma que, cuando se realice la reunión, éste sabrá perfectamente que se va a reunir con un lobby, que tendrá el aliciente de que podrá reservar un espacio municipal para el encuentro.

Si alguien se reuniera con un concejal o cargo municipal sin estar inscrito en el registro y durante el encuentro realizara actividades propias de un lobby, el responsable del Ayuntamiento tendrá que interrumplir la reunión e instar a su interlocutor a inscribirse. Si no lo hiciera, la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia podría apercibir e incluso proponer el cese de funcionarios. El registro llevará la contabilidad y la estadística de las reuniones que mantiene el Ayuntamiento y con quién, y de las que han sido rechazadas por éste.

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y artífice de la iniciativa, Pablo Soto subrayó que Madrid será la primera ciudad en Europa “y posiblemente a nivel mundial” que regula estas prácticas.

Además, puntualizó que “el lobby en sí no es malo”, porque aumenta la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones; sólo que tiene que ser “ético y transparente”, y “no ir en contra del interés público”. Este registro público mejorará la trazabilidad de las reuniones, que es “la mayor garantía” de que cumple estas condiciones.