El Defensor del Pueblo ha remitido a las Administraciones en 2017 un total de 2.175 resoluciones, destinadas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos. Esta cifra también es superior a la de 2016 (1.771 resoluciones). En cuanto a las actuaciones de oficio, la cifra ha bajado ligeramente, de 872 a 758.

Entre las iniciativas tramitadas este año, el balance de la defensoría destaca las actuaciones abiertas ante las Administraciones ante el “elevado precio de la electricidad en España”. Así, ha recomendado reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.

En línea con su preocupación por proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

Al Defensor del Pueblo le inquieta especialmente la situación de estas personas y considera que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención a estas personas. Por este motivo, quiere detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

En materia sanitaria, el Defensor ha recomendado en 2017 al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, conocida como Ley del Medicamento, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

Entre las medidas propuestas destacan la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves (entre otras, enfermedades raras, degenerativas y oncológicas), especialmente cuando se trate de menores de edad. La Institución también considera necesario eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a las personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza.

Además, el Defensor cree insuficientes los actuales tramos de renta (de 0 a 18.000, de 18.001 a 100.000 y de más de 100.000 euros) y por ello pide que se fijen nuevos tramos y porcentajes de copago que se correspondan mejor con los principios constitucionales de progresividad y equidad.

Sobre medio ambiente, el Defensor ha recomendado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro proyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

La institución quiere que se valoren las distintas alternativas al almacenamiento de gas y que se garantice, con un grado de certeza acorde con su importante relevancia ecológica, que el espacio no se va a ver negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas, así como que los riesgos sísmicos se reduzcan al mínimo posible.

En opinión del Defensor del Pueblo, el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a este espacio.

DISCAPACIDAD

En materia de extranjería, la Institución ha continuado con su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes. Fernández Marugán ha reclamado mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y ha pedido infraestructuras adecuadas con personal y recursos para atender de manera eficaz las llegadas de personas en situación irregular.

También ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La Institución siguió trabajando en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad. Ejemplo de ello es la recomendación dirigida al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Otra actuación destacada del Defensor del Pueblo en esta materia es la recomendación a la secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades para que se establezca la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad. La Institución también inició una actuación de oficio ante las universidades públicas españolas para conocer si sus procedimientos de admisión para este tipo de estudios prevén reservar un porcentaje de plazas a estudiantes con discapacidad.