En declaraciones a la Ser recogidas por Servimedia, Garzón enmarcó la muerte de Bouderbala, caso en el que IU se ha personado como acusación popular, en “una concatenación de sucesos verdaderamente inhumanos provocados fundamentalmente por la conducta irresponsable del Gobierno”.

Así, enumeró que se han puesto “obstáculos a que cada inmigrante tuviera un letrado”, que los abogados y traductores son marroquíes cuando los internos son argelinos, con la enemistad que suele haber entre ambos países; que los puestos de funcionarios del centro los están ejerciendo antidisturbios que han propinado “palizas” a los internos, y que el recinto es la “reconversión irregular de una cárcel no habilitada”, sin plan de evacuación ni sistema antiincendios.

Garzón cree que la existencia del centro de Archidona supone “un incumplimento de la Ley de Extranjería”, norma que establece que los inmigrantes no repatriados tienen que estar en los CIE y que los menores de edad no pueden estar en el mismo lugar que los mayores, motivo por el que interpreta que el Gobierno tuvo que liberar al menos a siete a instancias de la ONU.

Ante esta “falta de transparencia absoluta” que rodea a la cárcel de Archidona, el coordinador de IU entiende que el suicidio de Bouderbarla es “un caso sin esclarecer”, que “la familia no se lo cree” y que “el Gobierno está dificultando el poder obtener información”. Por eso, dedujo que, si “se ha deportado a más de 80 personas que podían haber sido testigos clave” y “el Gobierno está tratando de que se conozca nada, no sería extraño que esto tuviera una relación directa” con las deportaciones.