Esa actuación judicial la impulsan conjuntamente el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y la diputada por Málaga Eva García Sempere, que desde hace semanas han presentado varias iniciativas parlamentarias y también en los juzgados sobre la gestión que el Gobierno ha hecho de esa prisión en la que durante semanas fueron retenidas más de 500 personas migrantes llegadas en noviembre a España.

La coalición solicitó personarse como acusación popular, como también hicieron distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, y planteó la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, la intervención directa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el cese del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por este "grave" asunto.

En el recurso, IU señala que no le cabe otra opción ya que "resulta palmario que se ha conculcado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado el Artículo 24 de la Constitución Española", y recuerda que se han solicitado diligencias que han sido denegadas sin apenas motivación y obviando los deberes de salvaguarda que tienen los tribunales.

Dada la naturaleza de los hechos investigados, añade, con "elementos que hacen pensar la existencia de una concatenación de conductas irregulares o cuestionables" relacionadas con el fallecimiento de Mohamed Bouderbala, "el juzgado tiene la obligación legal y el deber moral de continuar con la investigación para esclarecer lo acontecido y la posible existencia de responsabilidades penales, también en el ámbito de la imprudencia o negligencia, omisión del deber de socorro o trato inhumano o degradante por parte de los responsables del centro carcelario reconvertido súbitamente en centro de internamiento en el que enclaustrar a las personas que habían cruzado el mar en busca de un futuro digno para ellos y sus familias".

La coalición señala que el sobreseimiento de las investigaciones es "sumamente cuestionable bajo un prisma jurídico, toda vez que se sobresee el procedimiento sin entrar a analizar un conjunto de hechos objeto de controversia, algunos de ellos sobre los que ni se cuestiona tangencialmente el auto recurrido".

Entre ellos, se pregunta por la situación de estrés o ansiedad del interno aquel día, por qué se habla de autolesiones sin considerar la posibilidad de una causa externa, qué motivó su aislamiento y si se decidió bajo control judicial, por qué no se aplicó el protocolo antisuicidios, por qué no han comparecido ante el juzgado los responsables del centro y los agentes que le vieron por última vez con vida y los que encontraron el cadáver, por qué se indica en un parte médico que solicitó un tranquilizante y cómo se expresó en ausencia de traductor, o por qué se descarta "de manera sumaria" la versión de un testigo que asegura que solicitó ayuda y gritaba desde su celda.

IU considera "evidente que nos encontramos ante una indiscutible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" sin que exista una explicación racional de los motivos por los que se archivó la causa obviando "los numerosos elementos de duda, sospecha y cuestionamiento que de forma palmaria aparecen alrededor de los hechos objeto de investigación". "Si el celo en la salvaguarda de la integridad física y moral de los internos de un centro penitenciario debe ser extrema ante las personas que se encuentran en situación de sujeción especial, más aún debe serlo cuando nos encontrarnos ante seres humanos internos en un Centro de Internamiento de Extranjeros, que no han cometido delito alguno (…)", dice la coalición.