Según informaron fuentes próximas a Cifuentes, la querella se fundamenta en la vulneración de los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, exigiéndose responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.

El escrito de querella pone de relieve que lo que se ha producido no es tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, encuadrable en el término jurídico de la injuria.

Las manifestaciones de Granados, señala la querella, responden también al tipo penal de la calumnia, al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad.

A todo ello se suma, según la querella, un delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, lo que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes.

La querella criminal contra Francisco Granados ha sido interpuesta y suscrita por un procurador y un letrado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.