Durante la presentación de la proposición no de ley del Grupo Socialista, la diputada María Guadalupe Martín recordó que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles de azúcar (glucosa) en sangre elevados que afecta al 13,8% (5,3 millones) de los españoles mayores de 18 años y que tienen diabetes tipo 2. De ellos, el 43% aún desconocen que tienen esta enfermedad.

Además, “los costes directos de la diabetes ascienden a 5.809 millones de euros al año, de los que 2.143 millones son debidos a complicaciones asociadas a esta enfermedad. Del total del presupuesto sanitario, el 8,2% se destina a esta patología. Por ello, pedimos el acceso asequible y equitativo a estos nuevos sistemas de monitorización de la glucosa para su control óptimo y continuo de la glucemia y que suponen un coste anual de 1.500 euros al año, unos 120 euros al mes”, añadió.

La segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto y que se refunde en la anterior, solicita que “se subvencionen todas las tecnologías y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con diabetes que lo necesiten”.

A este respecto, la diputado del Grupo Mixto Marta Sorlí afirmó que “incluir estas nuevas tecnologías de monitorización en el SNS supone mejorar la calidad de vida de estos pacientes y cada caso necesita su tratamiento y para ello hay que reconocer una financiación a las comunidades autónomas para que se incluyan en la cartera común de servicios”.

Aunque también se mostró a favor de la calidad de vida de los pacientes con diabetes, la diputada del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea Amparo Botejara pidió la dimisión de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, por nombrar al director de Estrategia en Medtronic Ibérica, Francisco de Paula Rodríguez, como vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, ya que “esta empresa se dedica a estas tecnologías destinadas a la monitorización de la glucosa de los pacientes con diabetes, y así ha pasado de evaluado a evaluador”.

Durante su intervención, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea subrayó que “con algunos tratamientos se producen situaciones de falta de equidad y los españoles, según donde residamos, tenemos o no cubiertas nuestras necesidades. Sin embargo, esta PNL no aclara a quién van dirigidas estas tecnologías y cómo se van a financiar”.

“Hay que hacer cuentas porque éstas no son maneras de hacer frente a la sostenibilidad del SNS, por lo que desde Ciudadanos proponemos que hagamos caso de las agencias de evaluación tecnológica para ver si estos costes son o no asumibles”, puntualizó.