Según explicó el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, “de esta forma se persigue mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Administración regional que presenta problemas de salud que pueden limitar la realización de sus funciones, disminuyendo las faltas de asistencia por enfermedad e incrementando su bienestar laboral”.

Entre estas medidas se incluye la adaptación del puesto o el desempeño de otras funciones distintas a las del puesto que ocupa, el traslado a otros puestos y, “si esto no fuera suficiente para garantizar la seguridad y salud del personal, se podría trasladar a otra ubicación de distinto cuerpo al de pertenencia”, manifestó Gallego. “La adopción de cualquiera de estas medidas conlleva una garantía retributiva para el personal implicado”.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realizará un seguimiento de todas las medidas adoptadas con el fin de comprobar que las condiciones de trabajo no afectan negativamente a la salud del personal y evaluará los resultados obtenidos. Las medidas se mantendrán mientras persistan las circunstancias de salud que las motivaron.

El procedimiento se podrá iniciar de oficio por la propia Administración o a solicitud del personal interesado, cuando exista una limitación o problema de salud que impida desempeñar las funciones del puesto de trabajo y no se encuentre en situación de incapacidad temporal. Para su tramitación será necesario presentar un informe de aptitud laboral emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tras la valoración del estado de salud en función de los riesgos presentes en su puesto de trabajo, y que indicará las limitaciones en el desempeño de sus funciones.