Según informó el Gobierno valenciano, así se lo ha anunciado la consejera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez, durante la reunión que ambas han mantenido este martes en la sede del Ministerio de Hacienda.

La Comunidad Valenciana no podría aplicar al personal empleado público valenciano algunas de las mejoras pactadas por el Ejecutivo central con los sindicatos, como las 35 horas semanales, porque el Ministerio quiere incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una clausula que lo impediría en el caso de aquellas comunidades autónomas que, como la valenciana, incumplen las reglas de gasto, deuda y déficit previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esa clausula limitaría también la tasa de reposición de vacantes de funcionarios a aplicar en la administración de la Generalitat.

Bravo ha transmitido a la secretaria de Estado su rechazo a la pretensión gubernamental a impedir que la Comunidad Valenciana aplique dos de las tres mejoras pactadas en el acuerdo alcanzado con los sindicatos, que incluyen el aumento del salario de los trabajadores públicos hasta un máximo del 8,79% hasta el año 2020 (incremento que sí podrá aplicar la Generalitat para sus plantillas), la jornada laboral de 35 horas semanales y que la tasa de reposición vuelva a ser del cien por cien de las bajas por jubilación.

Según la Generalitat, el Ministerio de Hacienda pretende que los Presupuestos Generales del Estado imposibilite que aquellas autonomías que no hayan cumplido con la regla de gasto, deuda y déficit no puedan aplicar la jornada de 35 horas ni ofertar plazas de empleo público suficientes para cubrir las jubilaciones.

Por ese motivo, Gabriela Bravo ha asegurado que "llevaremos al Tribunal Constitucional el proyecto de ley de Presupuestos si, una vez más, el Gobierno central castiga a la Comunitat Valenciana con un efecto colateral de la infrafinanciación, porque no podemos cumplir con el objetivo del déficit si no tenemos los recursos necesarios para ello".

La consejera ha asegurado que la Generalitat no tiene un problema de gasto "sino de ingresos, debido a un sistema de financiación injusto que escamotea a los valencianos lo que les corresponde por población y actividad económica, tanto en transferencias corrientes como en inversiones", por lo que, de impedirse esta igualación, se situaría "a los funcionarios y funcionarias valencianos en una situación de "manifiesta desigualdad" por el hecho de trabajar en la Comunidad.