Así se expresó Marín Quemada en un acto informativo organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde afirmó que “lo que dispone el Ejecutivo nos parece que no es ni necesario ni proporcional, y cuando es así vamos a los tribunales”.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros respondió al requerimiento previo formulado por la CNMC ante este decreto aprobado a finales del año pasado, con lo que ahora el organismo regulador dispone de un plazo de dos meses para formalizar su denuncia.

“Entendemos perfectamente que hay determinados sectores que operan en esta actividad que son capaces de presionar al Gobierno para que haya decisiones”, dijo Marín Quemada, quien añadió que “una sociedad madura no puede responder ante estas amenazas”.

En esta línea, defendió que el sector del transporte urbano debería desarrollarse de manera distinta a lo que se hace en España, teniendo en cuenta el “bienestar de los usuarios, los precios y los servicios”.

“Todos deberían ver que en estas nuevas empresas hay oportunidades de negocio”, prosiguió Marín Quemada, quien apuntó que “nada impide” que se pueda pagar con tarjeta, que se conozca el nombre de la persona que nos está llevando, que nos ofrezcan agua o que podamos escoger la música que escuchamos.