Los próximos 21 y 22 de marzo, España se examina ante este Comité en Ginebra, momento que aprovecharán estos agentes sociales para presentar su informe de la mano de 150 entidades de la sociedad civil, entre los que se encuentra el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En su documento se muestra un “grave retroceso de los derechos humanos y el sistemático incumplimiento por el Estado español” de sus “obligaciones”. Y es que, según denunciaron, “puede afirmarse sin ambages que el contenido mínimo de los derechos" del Pacto por el Poder Político y las Administraciones Públicas no ha sido respetado por España en la aplicación de las llamadas políticas de austeridad”.

En este sentido, las organizaciones alertaron de la “preocupante y progresiva desafección del poder político respecto de la cultura de los derechos” en favor de una “cultura de la beneficencia y el asistencialismo cada vez más patente en el ámbito de los servicios sociales”.

Por eso piden, entre otros puntos, asegurar la efectiva implementación de los derechos del Pacto por el Poder Político y las Administraciones Públicas y su “justiciabilidad real” ante juzgados y tribunales, llevando a cabo la “reforma constitucional precisa”.

Asimismo, criticaron que las reformas laborales “han profundizado la precariedad y la carencia de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”. En cuanto a las libertades sindicales y de protesta, las organizaciones reclamaron derogar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Seguridad Ciudadana, apodada popularmente como ‘Ley Mordaza’.

Entre las medidas que esta plataforma considera necesarias también se encuentra una reforma legislativa que establezca que los permisos por nacimiento y adopción se concedan a cada progenitor, de manera que sean “intransferibles, de igual duración, pagados al cien por cien de la base reguladora y con la misma parte obligatoria”, como pide la Ppiina.

Además, reclamaron diseñar “políticas activas de empleo considerando la presencia de niños”, de manera que se reduzca la jornada por cuidado de hijos, se otorguen incentivos fiscales para empresas que respeten y favorezcan la conciliación laboral y familiar con perspectiva de infancia o que se incrementen y revisen las prestaciones económicas por hijo a cargo.