Rajoy hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Ramussen, con quien previamente mantuvo una reunión bilateral y al que definió como un “socio y amigo”.

Preguntado sobre la situación política en Cataluña, Rajoy se refirió a la querella que la Mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado este viernes presentar contra Llarena por rechazar en dos ocasiones que Sànchez salga de prisión para ser investido nuevo presidente de la Generalitat, al considerar que así vulnera sus derechos parlamentarios.

Rajoy sacó a relucir la advertencia de los letrados del Parlament al propio Torrent aduciendo que “esa querella si la paga el Parlamento podría ser malversación de caudales públicos” e insistió en que lo que deben hacer los partidos independentistas es “elegir una persona que cumpla la ley y defienda los intereses generales”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo defendió ante socio comunitario la vigencia y aplicación de la euroorden pese al rechazo de un juez de Alemania a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea extraditado a España para ser juzgado por un presunto delito de rebelión.

Subrayó que España es “un país donde todos estamos sometidos al imperio de la ley” y recordó que la euroorden fue “un acuerdo con todos los socios de la UE”. Restó importancia a la decisión del magistrado germano dado que “las decisiones las toman seres humanos” y confió en que las gestiones que está haciendo la Fiscalía permita arreglar la situación, dado que “en este momento se sigue discutiendo y no hay decisión alguna”.

Rajoy alegó que la euroorden es “un gran avance en el proceso de construcción europeo” que, además, contribuye a generar “confianza entre países que tenemos un sistema de libertades como no existe en demasiados sitios del mundo”.

Por su parte, el primer ministro de Dinamarca ratificó “totalmente” la visión de Rajoy sobre la euroorden pero se negó a comentar la situación política en Cataluña al considerar que es una “cuestión interna” de España “que debe tratarse dentro del marco constitucional español”.