Así lo anunció el ministro Pablo Bustinduy durante su intervención en la rueda de prensa posterior a dicho Consejo de Ministros en relación a una norma que, según su gabinete, consolida el nuevo modelo de financiación aprobado y garantiza el crédito necesario para que la inversión estatal en el SAAD alcance, en 2027, la cifra “histórica” de 7.240 millones de euros entre nivel mínimo y nivel acordado, cifra que permitirá que la aportación de la Administración General del Estado suponga el 50% de la financiación total en dependencia.

“Esta inversión representa un 423% más que en 2020, antes de la puesta en marcha del Plan de Choque y un 124% más que en 2023, al inicio de la legislatura”, abundó el ministerio, al tiempo que indicó que este crecimiento ha sido posible gracias a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que “han permitido avanzar hacia un sistema con más recursos y mayores garantías de atención”.

Tras puntualizar que, además, el nivel acordado de financiación alcanzará también un máximo “histórico”, con 970 millones de euros, el ministerio subrayó que, con el fin de garantizar la aplicación correcta y efectiva de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, el Real Decreto-Ley actualiza diversos aspectos del Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del SAAD.

Esta adaptación permite ajustar la normativa reglamentaria al nuevo marco legal, asegurar la coherencia del sistema y facilitar la puesta en práctica de los nuevos derechos, servicios y prestaciones reconocidos a las personas en situación de dependencia, según el ministerio.

TELEASISTENCIA

En este sentido, la nueva norma modifica, entre otras cosas, la regulación de la Teleasistencia, reconociendo este servicio para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado reconocido y se garantiza la prestación permanente las 24 horas del día, todos los días del año y se declara compatible con el resto de servicios y prestaciones del sistema.

Por último, el ministerio destacó que también se modifica la definición del Servicio de ayuda a domicilio ampliándolo más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario, se admite la prestación compartida del servicio entre varias personas usuarias y se garantiza que la atención compartida no reduzca la intensidad individual reconocida.

Para Bustinduy, este real decreto-ley que “consolida la refundación del sistema de la dependencia aprobada en esta legislatura”, el cambio de modelo de cuidados y la inyección económica de recursos “absolutamente inédita en la historia de la política social de este país”, que “gracias” al instrumento aprobado este martes, va a alcanzar en el año 2027 los 7.240 millones de euros por parte de la Administración General del Estado.

“Esto, agregado a lo que desde el mes de julio ya estamos transfiriendo a las comunidades autónomas, supone una inversión adicional en el sistema de la dependencia solo en la mitad de 2026 y el año 2027 de 6.200 millones de euros para alcanzar el compromiso suscrito en el acuerdo de Gobierno de que la Administración General del Estado contribuya con el 50% del coste total del sistema”, agregó, para señalar que esto el Ejecutivo lo ha hecho “al mismo tiempo” que ha “transformado el sistema en su raíz” y ha auspiciado la “gran transformación” del modelo.

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO

En este contexto, pasó a reseñar algunos elementos que, a su juicio, “refuerzan con esta norma esa transformación del modelo de cuidados” y ello, “empezando” por la teleasistencia, que, avanzó, “va a ser universal” y va a garantizar la incorporación de tecnología “dirigida específicamente a la prevención y a la detección de situaciones de soledad involuntaria, de aislamiento o de riesgo social”.

Asimismo, adelantó que la ayuda a domicilio podrá prestarse “fuera de los hogares”, pero se establece “una distinción, una diferencia” entre los apoyos personales y los apoyos domésticos, que, recordó, “es una de las reivindicaciones tradicionales del sector”.

“También establecemos que las prestaciones puedan ser compartidas por varias personas o usuarias del sistema, algo que es particularmente importante, por ejemplo, en los ámbitos rurales o en la dimensión comunitaria de personas que conviven o que viven en el mismo edificio y que podrán pasar a disfrutar de prestaciones de manera conjunta si así lo desean”, prosiguió.

En paralelo, indicó que se “refuerza” la compatibilidad de prestaciones, de tal manera que el sistema pueda ofrecer teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, en un catálogo personalizado que “responda a las necesidades de cada persona usuaria del sistema”.

Junto a ello, puntualizó que con esta norma el Gobierno da “otro salto importante” y es que el plazo legal para la resolución de las solicitudes para las prestaciones en el sistema de la dependencia va a pasar de 6 meses a 3 meses. “Vamos a reducir a la mitad el tiempo máximo que las administraciones pueden tardar en responder a las solicitudes de las personas usuarias”, apostilló.

Por último, hizo referencia a los últimos datos disponibles del sistema de atención a la dependencia, que corresponden al mes de octubre, y según los cuales dicho sistema, en dicha fecha, contaba con 1.773.789 usuarios y la lista de espera era de 123.474 personas y, respecto a los datos de diciembre del año 23 “hoy el sistema atiende a 385.000 personas más y en la lista de espera hay 81.000 personas menos”.

“Creo que esta es una buena dinámica que hace realista que, aun con esta reducción a la mitad de los plazos máximos de espera para las resoluciones, el objetivo que fijamos cuando aprobamos la reforma del sistema de la dependencia y la inyección de recursos, que es la eliminación de las listas de espera a finales del año 27, es realista y está en camino de ser conseguido”, resolvió.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que se trata de uno de los dos acuerdos “muy importantes” y “de gran relevancia” aprobados en el Consejo de Ministros de este martes en materia de protección social, en referencia también al que amplía la protección a las familias monomarentales, familias numerosas con pocos recursos y aquellas con un progenitor con discapacidad.

Con relación a la norma relacionada con el modelo de cuidados, Saiz destacó que el real decreto-ley servirá para “reforzar” el SAAD con “más financiación y una reducción de tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de prestaciones” y puntualizó que el nivel acordado de financiación contará con una dotación de 904 millones de euros.