Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, al que los grupos de la oposición han presentado seis enmiendas de devolución: PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat, EH Bildu y Compromís.

Montoro explicó que “se crea una casilla para que las rellenen las empresas y marquen ahí que quieren destinar el 0,7%” a financiar al Tercer Sector del ámbito estatal al poder derivar una parte del Presupuesto a organizaciones que “son absolutamente fundamentales”. “Es la primera vez que se hace en España y estamos muy orgullosos; seguro que es una medida que goza de su aceptación”, añadió.

La asignación del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades destinada a la inclusión y el Tercer Sector será efectiva a partir de septiembre de 2019. En el texto del proyecto de ley se detalla que el Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social el 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes cuyo periodo impositivo hubiese finalizado a partir de la entrada en vigor de esta ley, que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

Precisa que la liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2018 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 2020, efectuándose una liquidación provisional el 30 de septiembre de 2019 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública subrayaron que esta medida entraría en vigor en cuanto se aprobasen los Presupuestos, previsiblemente el 1 de julio, y podrían acogerse a ella todas aquellas empresas cuyo ejercicio fiscal finalice tras la entrada en vigor de la medida.

La medida se articularía de forma similar a como se hace para el IRPF y operará en el momento en que se presente la declaración marcando la casilla habilitada en el modelo de declaración que apruebe la Agencia Tributaria.

El Ejecutivo ha calculado un impacto de unos 200 millones de euros tomando como referencia el último dato disponible sobre la recaudación del Impuesto de Sociedades, de 30.609 millones de euros en 2015.