Así lo expone el Ejecutivo en una respuesta por escrito a una batería de preguntas presentadas por la diputada de IU Eva García Sempere y la diputada de Podemos Tania Sánchez.

Las diputadas se interesaron por el contenido del estudio específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas realizado por el Observatorio de la Vida Militar, en el que, según la opinión de las parlamentarias, “se reflejaban algunos datos preocupantes al respecto de la situación del acoso y la agresión sexual en el Ejército”.

BAJO ÍNDICE DE CONDENAS

Por ello, preguntaron al Gobierno por la “valoración” que le merecía este informe y si tenía pensado tomar “alguna medida” para hacer frente a “este bajo índice de sentencias” condenatorias.

Según los datos del Tribunal Militar Central, entre 2004 y 2015 hubo en las Fuerzas Armadas 174 "denuncias relacionadas con acoso", de las que sólo 22, el 13% de ellas, concluyó en una sentencia condenatoria.

El Gobierno especifica que de las 174 denuncias por acoso presentadas entre 2004 y 2015, 110 fueron archivadas, siete se remitieron a la autoridad disciplinaria, 11 resultaron inhibidas a otros órganos y 46 se consideraron de naturaleza penal.

En lo referido a los 46 procedimientos penales abiertos, según el Ejecutivo, 11 fueron sobreseídos, 13 terminaron en sentencia absolutoria y 22 concluyeron en sentencia condenatoria: 12 por acoso sexual, una por razón de sexo o género y nueve por acoso profesional.

CANALES PARA DENUNCIAR

El Ejecutivo especifica que "la víctima tiene diferentes canales para presentar la denuncia, siendo una opción de la misma la vía elegida (el conducto reglamentario es sólo una de las seis vías y es una opción voluntaria)", y detalla que estas seis vías son las siguientes: directamente ante el juez togado militar, directamente ante la Fiscalía jurídico militar, directamente ante la jurisdicción ordinaria, directamente ante las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), directamente ante la autoridad con competencia sancionadora sin necesidad de observar el conducto reglamentario y ante su jefe de unidad.

También señala que se han creado ocho Unidades de Protección frente al Acoso distribuidas en el Órgano Central, dependiente de la División de Apoyo al Personal de la Dirección General de Personal para el personal destinado en aquél; en el Estado Mayor de la Defensa, dependiente de la Jefatura de Recursos Humanos del mismo; en el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, insertadas en los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos; en cada uno de los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Defensa: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) e Instituto de la Vivienda y Equipamiento de la Defensa (Invied).

El Gobierno apunta que las medidas contra el acoso "son atendidas con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio dentro del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Defensa", y explica que "además del jefe de unidad, personal militar de las diferentes escalas y personal del Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Sanidad (médico y psicólogo), las UPA contarán con el personal de apoyo administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones mediante las respectivas relaciones de puestos militares y relaciones de puestos de trabajo".