Según informó la Policía Nacional, la operación se ha saldado con la detención de 41 personas y la liberación en España de 14 víctimas, 12 de ellas menores de edad, y otras cuatro en diferentes países europeos.

Las pesquisas han permitido determinar que varias de las menores de edad afectadas, una de ellas de apenas 13 años, fueron obligadas a casarse con miembros de la trama o a ejercer la prostitución como parte del pago a los familiares de las mismas.

En la operación se han podido esclarecer más de 150 delitos relacionados con la actividad de dicha organización. En los registros practicados se localizaron distintas autorizaciones de viaje firmadas por los padres de las víctimas para que viajaran desde Bulgaria a España.

VIVÍAN HACINADAS

La investigación se inició en abril del 2017, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo criminal integrado por ciudadanos de países del este, que se dedicaba a cometer robos en comercios y vender la mercancía sustraída en diferentes países europeos.

Los agentes detectaron que la banda ocupaba inmuebles pertenecientes a entidades bancarias que estaban ubicados en la capital madrileña y desde allí dirigían el entramado criminal.

Las víctimas, mujeres jóvenes y niñas, residían hacinadas en estas viviendas. Eran traídas desde Bulgaria con falsas promesas y una vez en España eran preparadas para obedecer las instrucciones delictivas que ordenaba el cabecilla.

En algunos casos estas menores viajaban desde Bulgaria con autorizaciones realizadas por sus propios padres. La organización compraba las niñas a sus propios familiares a cambio de una cantidad económica acordada, efectuando el pago en dos abonos, uno en el país de origen y otro una vez se encontraban en España y en función de la pericia delictiva que mostraran las menores.

“ESPECIALISTAS” Y “PASADORES”

La red se encontraba perfectamente organizada y contaba con un estricto reparto de tareas. Estaba compuesta por unos “especialistas” encargados de localizar y ocupar pisos deshabitados, desde donde se centralizaban las operaciones. Otros miembros de la organización actuaban como “pasadores”, con la misión de seleccionar y acompañar hasta España a las víctimas.

Algunos detenidos hacían de “controladores”, encargándose del cobro y gestión de las viviendas. Otras integrantes del grupo criminal actuaban como “adiestradoras”, dedicadas a la formación de las nuevas víctimas, mayoritariamente menores de edad con poca experiencia delictiva. El último peldaño estaba integrado por los “receptadores”, que se encargaban de vender los productos robados por las víctimas.