La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela asumió la investigación de estos incidentes después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona se inhibiera al apreciar que se cometieron delitos terroristas en el casco viejo de la ciudad durante la 'manifestación nacional' que convocó la izquierda abertzale.

Tras la inhibición del juez, la Audiencia de Navarra revocó esta decisión, por lo que tuvo que ser el Tribunal Supremo el que resolviera este conflicto de competencia, al igual que había ocurrido, sólo unos meses antes, con la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.

Según el escrito del Ministerio Público, en el transcurso de la manifestación en la capital navarra el 11 de marzo de 2017 "un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas y que usaban guantes, embozados mediante capuchas y camisetas que ocultaban su rostro, actuando con el propósito de alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana, realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados y planificados contra las fuerzas de seguridad".

"Causaron daños en diversos bienes mediante el lanzamiento de piedras, botellas de cristal y artificios explosivos pirotécnicos que motivaron que tuvieran que acudir los bomberos ante el posible incendio de edificios y bienes", explica.

El fiscal asegura que los cuatro acusados -Asier P.B., Rubén I.B., Endika E.M. y Julen P.G.- "participaron en estas acciones en el ámbito de la campaña de violencia ('kale borroka') que estaba previsto desarrollar por el entorno de la izquierda radical abertzale y que había anunciado desde días antes". "Y así, los acusados se desplazaron a Pamplona desde la provincia de Guipúzcoa, donde residían, el mismo día para participar en la manifestación con la intención de provocar disturbios en la ciudad", apunta.

Cuando comenzó la manifestación, sobre las 18.30 horas, unas 400 personas se concentraron en la Plaza San Francisco de la capital navarra y varios individuos la encabezaban portando una pancarta con la leyenda 'Errepresioari Autodefensa', el lema de la iniciativa con la que la izquierda abertzale había convocado la protesta.

"En un momento dado, por la calle Eslava accedieron a la plaza unas seis u ocho personas vestidas completamente de negro, encapuchados y con bragas de cuello, portando cada uno de ellos unas bolsas grandes de color azul y blanco a cuadros, de gran peso, que se integraron en la multitud", explica el fiscal.

En el trascurso de la marcha los asistentes gritaron consigas como 'borroka da bide bakarra' ('la lucha es el único camino'), 'gora ETA' ('viva ETA') y 'euskal presoak' ('presos vascos'), encendieron bengalas y lanzaron petardos y cohetes. También "comenzaron a lanzar piedras de forma muy violenta contra policías uniformados, así como contra establecimientos del lugar".

Los disturbios continuaron durante dos horas y causaron daños en el mobiliario urbano y locales comerciales y bancarios, al tiempo que "cruzaron en la vía pública contenedores de basura y vidrio, quemando alguno de ellos", y hubo intentos de quema de cajeros automáticos. También se lanzaron artefactos pirotécnicos que llegaban a la plaza del Castillo, donde estaba la Policía uniformada.