Este acuerdo del Consejo de Ministros completa la transposición de una directiva comunitaria de 2011 cuyo objetivo es facilitar que las previsiones macroeconómicas y presupuestarias de los Estados miembros sean “de calidad, realistas y no sesgadas”.

En concreto, el decreto establece que la elaboración de las previsiones deberá primar el criterio de prudencia. Además, regular distintos instrumentos “que permiten dotar a las previsiones de una mayor transparencia”, como son la comparación de las previsiones con las de otros organismos, entre ellos la Comisión Europea.

También implanta la realización de un análisis de sensibilidad que permita observar cómo varia el escenario base ante variaciones de variables como el crecimiento económico o los tipos de interés. Por último, se realizará una evaluación ‘ex post’ que compare las previsiones con los valores reales de las variables y analice las causas de las posibles desviaciones.

Asimismo, el decreto traspone obligaciones de Derecho Comunitario como la publicación de los datos en términos de contabilidad nacional de todos los subsectores de las Administraciones Públicas, así como la presentación de la incidencia en los saldos y deudas de las Administraciones Públicas y de todos los Organismos y Fondos de las mismas que no formen parte de sus presupuestos ordinarios.