El organismo regulador ha emitido un informe sobre este proyecto de decreto a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A juicio de la CNMC, el proyecto “es muy intrusivo con la libertad y la autonomía de las partes para la contratación de productos lácteos”. La comisión mantiene que debe protegerse mejor "la libertad de las partes para decidir los términos de sus contratos, como establece la propia Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, y dar más flexibilidad en el establecimiento de los precios".

El proyecto regula el suministro de información comercialmente sensible de los operadores sobre precios o volúmenes de producción, y para la CNMC deberían “limitarse los riesgos de que dicho flujo de información favorezca la concertación entre operadores”.

La comisión que preside José María Marín Quemada recomienda también revisar el periodo mínimo de permanencia de los productores en las organizaciones de productores (que el proyecto fija en dos años), y eliminar la penalización cuando se den de baja (se les impide incorporarse a otra organización de productores durante un año).

"CLARIFICACIÓN"

Sobre el visto bueno que da la nueva normativa para llevar a cabo determinados acuerdos sobre la producción y venta de productos lácteos que la Comisión Europea controlará a posteriori, la CNMC ve recomendable “clarificar las consecuencias que tendría un dictamen negativo de la Comisión Europea sobre dichos acuerdos y prever la participación de la CNMC en los procedimientos que afecten a España”. Además, considera recomendable que la CNMC esté informada de los procedimientos.

Otro cambio que pide Competencia en el proyecto de decreto es que se replantee la exigencia de fianza a los primeros compradores de leche de vaca por importe de 150.000 euros, que el redactado del Gobierno “no justifica adecuadamente”.