El texto, aprobado por 246 votos a favor, 93 en contra y una abstención, fue resultado de una enmienda transaccional negociada por ambos partidos a una proposición no de ley del PP. Así, el Congreso "manifiesta su compromiso y determinación para defender la unidad de España como Nación de ciudadanos libres e iguales" y para "defender la soberanía nacional y respetar su integridad frente a cualquier intento de referéndum de secesión de una parte del territorio nacional".

Además, llama a las fuerzas parlamentarias a alcanzar un pacto por la unidad de España y la defensa de la Constitución. En otro punto defiende "el reconocimiento a su diversidad que se expresa en el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones", y pide que la comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico "analice y en su caso incorpore en su informe el tratamiento de los hechos diferenciales".

La iniciativa original del PP fue defendida por Carlos Floriano, que enfatizó que España es "una gran nación", con una democracia consolidada, un país "pujante y abierto al mundo", que debe seguir avanzando hacia mayores espacios de libertad y de igualdad de oportunidades. Se refirió al "problema territorial" causado por "quienes no están satisfechos con el actual estado de cosas", que no pueden ser olvidados pero quue tampoco pueden olvidar "a quienes sí lo estamos".

Por parte del PSOE, Gregorio Cámara expresó su "perplejidad" por el intento del PP de "solemnizar lo obvio" y criticó una iniciativa "vacía, que no ofrece nada nuevo". Aprovechó para dejar clara la "ilegitimidad" de la unilateralidad impulsada por el independentismo en Cataluña y llamó a los partidos a "fraguar compromisos" mediante el diálogo.

Josep Vendrell, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, juzgó la iniciativa "cínica, caducada y frentista", acusó al PP de impulsar un modelo de construcción nacional basado en la uniformidad, y alertó de que no es tiempo de frentes sino de "sentarse a hablar y dialogar entre quienes piensan distinto, sin exclusiones". Pidió por eso al PSOE afrontar el debate territorial "con valentía" asumiendo el reto de la plurinacionalidad.

Ciudadanos presentó una enmienda, que tras la negociación no fue aceptada por el PP, en la que incluyó su propuesta de reforma de la legislación electoral para dejar fuera del Congreso de los Diputados a los partidos que no lleguen al 3% del voto estatal. Su portavoz, Juan Carlos Girauta, aseguró que la mayoría de los españoles están "hartos del cansino qué hay de lo mío" de los nacionalistas.

"PEREZA"

Aitor Esteban, portavoz del PNV, subió a la tribuna reconociendo la "pereza" que le da el debate de una iniciativa registrada en septiembre de 2016 pero que se somete ahora a la deliberación del pleno. Recordó que su partido no formó parte del pacto constitucional y acusó a algunos de llevar a España "mucho en la boca, pero poco en la cabeza y en el corazón".

En nombre de ERC, Gabriel Rufián retó a los dirigentes del PP a hacer el test que el Gobierno hace a los extranjeros que solicitan la nacionalidad española, y se comprometió a respaldar la iniciativa si lo aprueban. Les preguntó por ejemplo, si la soberanía nacional reside en el pueblo, por qué el Rey salió el 3 de octubre "a amenazar a un pueblo que había votado libremente" dos días antes; si España es un Estado aconfesional, por que la Iglesia Católica lleva cuarenta años sin pagar el IBI y por qué hay ministros "que condecoran a vírgenes de madera".

Si los españoles son iguales ante la ley, prosiguió, por qué "los fascistas que asaltaron Blanquerna" están libres y el dijo de Jordi Cuixart solo puede ver a su padre tras un cristal; si la economía es competencia exclusiva de las comunidades autónomas por qué el PP, el PSOE y Ciudadanos aprobaron un decreto "indigno fomentando la huida de empresas de Cataluña" y los tres "aplaudieron con las orejas" la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Igual no son patriotas sino "fanáticos", les dijo, "y no hay bandera que pueda tapar tanta vergüenza".

Jordi Xuclà, del PDECat, recordó al PP que Alianza Popular mantuvo hasta 1987 en su programa electoral la anulación del Título VIII de la Constitución, lo cual demuestra "que suelen llegar un poquito tarde a ver las cosas y a actualizar los marcos de convivencia". Les deseó por ello que salgan de su Congreso Extraordinario "con una nueva visión política que entienda que no se pueden abrazar al pasado".