Lesmes hizo esta petición en la Comisión de Justicia del Congreso, donde compareció para dar cuenta del estado, funcionamiento y actividad de los juzgados y tribunales con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017. A este respecto, el presidente del CGPJ advirtió de la situación de “colapso” de muchos de los órganos judiciales españoles e instó a los partidos a “abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas”.

“Mientras no se lleve a cabo”, afirmó, “una gran reforma organizativa de la Administración de Justicia, difícilmente serán superables las actuales ineficiencias que impiden que los grandes indicadores de asuntos pendientes, tasas de resolución o tiempos medios de respuesta experimenten mejoras significativas”.

PROBLEMAS EN EL ORDEN PENAL

Lesmes se refirió a que más del 60 % de los juzgados están “claramente sobrecargados” y si la situación se prolonga, “puede provocar que el propio sistema se resienta, como de hecho puede estar ocurriendo”.

Ante esta situación, se refirió a que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, que debería ir acompañada de la modernización de ciertos aspectos de la legislación procesal, “muy especialmente en el orden penal”.

Al mismo tiempo, el presidente del CGPJ se mostró confiado en que la renovación de los veinte vocales su institución, que se activará en unas semanas, se desarrolle “dentro de los plazos establecidos por la ley”.

Según Lesmes, “el Poder Judicial está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el Estado de Derecho”.

BALANCE DE GESTIÓN

Asimismo, ante la finalización el próximo mes de diciembre del mandato del actual Consejo, Lesmes hizo balance de las actuaciones desarrolladas para tratar de alcanzar los objetivos que trasladó a la Cámara en su primera comparecencia tras asumir el cargo.

Así, señaló que el CGPJ se ha convertido en un referente en materia de transparencia, recibiendo por ello el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o del Consejo General de la Abogacía. También destacó que se ha cumplido con el mandato de austeridad que debe regir el funcionamiento de todas las instituciones públicas.