En un comunicado, el sindicato hizo esta valoración ante el anuncio de Hacienda de traspasar la competencia a las entidades locales, más saneadas económicamente que las comunidades autónomas.

Desde hace años, “hemos denunciado sistemáticamente la situación que viven en nuestro país tanto las personas dependientes como las trabajadoras que dispensan este servicio”, y agregó que la promulgación de la Ley de la Dependencia, “que venía a dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida, no ha cumplido las expectativas”.

Según Gracia Álvarez, responsable del sector de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSP-UGT, la ley se publicitó como una fuente generadora de empleo, pero al no existir dispositivo público suficiente, se dio entrada a la participación de empresas privadas, concertando con ellas plazas de residencias, servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio. “El empleo generado ha resultado ser precario, tanto por las condiciones laborales como por la temporalidad de estos contratos”, destacó.

Por ello, reclamó una financiación adecuada y de carácter finalista para la dependencia, e instó a los poderes públicos a cumplir con su obligación de garantizar que los fondos públicos con los que se contrata la prestación de los servicios de la dependencia cumplan su objetivo , tanto en la calidad de la atención a los mayores, como en la estabilidad y calidad de las condiciones laborales de estas profesionales.