Asimismo, propone que se formule "un calendario de retirada segura del amianto presente en estos centros, de forma segura y de acuerdo al Decreto 396/2006, y que los residuos vayan a vertederos controlados de acuerdo a la legislación vigente con la supervisión de las administraciones, las AMPAS y los grupos comprometidos".

Podemos pretende también que “se libren los presupuestos pertinentes para hacer efectivo este calendario, sin que ello signifique renunciar a exigir a los responsables, un fondo de desamiantado para cumplir con el dictado del que contamina paga”.

En la exposición de motivos, Galiana señala que “sin que sepamos a ciencia cierta cuántos colegios repartidos por todo el territorio nacional pueden contener amianto en sus instalaciones, lo que sí sabemos es que concierne a muchos de ellos porque este material se estuvo usando durante más de 50 años, desde la segunda mitad del siglo XX, para techar aulas, llevar y depositar agua, hacer los bajantes de residuales, además de como aislante, para suelos, cortinas, jardineras, pizarras, lápices, etc.”.

En la PNL se expone que en la Comunidad de Madrid “la problemática del amianto se ha centrado en Metro de Madrid, que, hace apenas unos meses, recibió por parte de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo un acta de infracción por incumplimiento ‘muy grave’ de la normativa de seguridad en relación con el amianto aún presente en la red del suburbano”.

Asimismo, se indica de que, en el ámbito educativo de la región, un reciente estudio del sindicato Comisiones Obreras "calcula que podría haber amianto en el 80% de los centros educativos madrileños (en tejados, bajantes, calderas…), sobre todo en los ubicados en el sur de la región, que es donde se sitúan los de más antigüedad, los construidos a finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, aunque el riesgo existe en los centros que fueron levantados hasta finales de los 90. Por ello el sindicato insiste en la necesidad de reformar estos centros”.