El ejecutivo explica la “delicada situación en las prisiones valencianas” a instancias de los senadores de Compromís que se hicieron eco de las inquietudes de los sindicatos Acaip, CSIF, CCOO y UGT. El informe remitido a los senadores revela que en el año 2007 las internas en el País Valenciano suponían el 18,33% sobre el total español y en el año 2017 representaban el 32,30% del total.

En el caso del Centro Penitenciario de València las internas de primer grado suponían el 11,67% del total en 2007, mientras que en el año 2017 representaban ya el 26,15%, es decir, una de cada cuatro de las internas más peligrosas de España está en el centro penitenciario de València.

Por otro lado, pese al descenso experimentado por la población reclusa en el período 2007-2017 en 7.300 internos (aproximadamente un 13,5%), la población interna en el Centro Penitenciario de València solamente se ha reducido en un 0,3%, pasando de suponer el 4,33% del total estatal en el año 2007 al 4,02% en el año 2017, según un análisis realizado por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).

“A nivel autonómico el porcentaje de internos sobre el total estatal es superior en el año 2017 respecto al año 2007 por la apertura del centro de Castellón II y los internos hombres clasificados en Primer Grado (los más peligrosos) internados en prisiones valencianas en el año 2007 representaban el 11,43% del total, mientras que en 2017 representan el 12,36% del total”, indicó el senador Jordi Navarrete.

MÁS DELINCUENCIA

En su respuesta, el Gobierno atribuye la baja desaceleración de la ocupación del Centro Penitenciario de Valencia en el mayor número de hechos delictivos en esta autonomía y a que enviar los internos fuera “hubiera supuesto mayor desarraigo para aquellas personas internas que hubieran de ser trasladadas a otros establecimientos penitenciarios fuera de su Comunidad Autónoma. Por otra parte, cabe señalar que todavía no existe previsión de apertura de la prisión de Siete Aguas que está pendiente de construcción”, algo que censuran sindicatos de prisiones y la propia coalición por la situación que viven los reclusos y los trabajadores en unas instalaciones inapropiadas.

Compromís aboga por la mejora de la seguridad en las instalaciones, la redistribución de presos para no castigar a los centros más saturados, el refuerzo en el número de sanitarios en las cárceles, la conversión de las instalaciones en módulos tipo, el cierre del módulo de primeros grados de Picassent que pide el Defensor del Pueblo por deficiencias en las instalaciones o el refuerzo en el número de funcionarios, tras los recortes vividos en los últimos años. “Vamos a pedirle medidas al nuevo Gobierno y un cambio respecto a las políticas de sus antecesores al frente de la administración”, concluyó Navarrete.