“El Pleno del Consejo muestra su respaldo a los acuerdos de la Comisión Permanente y del Colegio de Abogados de Madrid, ya que el secreto profesional, como parte esencial del derecho de defensa, tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado”, recalcaron en un comunicado.

El Pleno consideró que las escuchas telefónicas a abogados “son un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho” y que estos procedimientos “ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal”.

La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha, según los abogados, convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad.

Para evitar estos hechos, el Pleno de la Abogacía Española estimó de “inaplazable y urgente” completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle el sistema de defensa jurídica.

“Por ello”, sentenciaron, “el Pleno solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios”.