El documento ya ha llegado al Supremo y la Sala de Admisión deberá ahora recabar de la Fiscalía un informe sobre competencia y contenido de las acusaciones. En caso de apreciar indicio de delito y una vez comprobada la idoneidad de que el TS se haga cargo de las pesquisas, informará a la Sala, que, la vista de esta evaluación, decidirá si admite a trámite la causa.

De hacerse cargo de la investigación, el Supremo designará un instructor que reclamará el correspondiente informe al ministerio público y pedirá, previsiblemente, el suplicatario al Congreso de los Diputados para poder tomar declaración a Casado. El presidente del PP podría evitar este trámite pidiendo declarar voluntariamente ante el TS.

Esta es la vía que han preferido los imputados políticos por los ERE de Andalucía, el exministro socialista José Blanco o la senadora del PP Pilar Barreiro. Fuentes del Supremo estiman que hasta el mes de septiembre no habrá citaciones. En el caso de los ERE, por ejemplo, la Audiencia de Sevilla elevó el caso al Supremo un 12 de agosto, pero la investigación no echó a andar en el TS hasta el 3 de agosto.

La magistrada madrileña envió este lunes la causa al Supremo al no poder seguir instruyéndola por afectar a un aforado que debe responder de posibles actos con relevancia penal ante el Alto Tribunal. En concreto, la jueza pide que el Supremo interrogue a Casado como imputado por prevaricación y cohecho.

Solicita que se analice el portátil donde dijo que había hecho los trabajos que se le habrían exigido para aprobar y comprobar si ha habido alguna modificación con fecha posterior a marzo de 2018.

La jueza considera que hay indicios suficientes para sospechar que el presidente del PP obtuvo su titulación de postgrado "sin actividad académica alguna". Esos mismos delitos también se imputan a tres compañeras de promoción del máster que cursó Casado. Una de ellas reconoció en su declaración de la pasada semana que le regalaron el título de posgrado, porque no hizo absolutamente nada aquel año.

La jueza ve indicios de cohecho impropio y prevaricación en el máster de Pablo Casado, una sospecha que deberá ser corroborada por el Supremo, que tendrá que decidir, en primer lugar, si admite a trámite la petición del juzgado madrileño.

La exposición razonada consta de 64 páginas en las que se concluye que el director del curso, Enrique Álvarez Conde, “regaló” el título a un grupo concreto de alumnos “sin mérito académico alguno”.