No obstante, en la reunión celebrada hoy no se han adoptado acuerdos concretos, y todo lo relativo a los menores extranjeros no acompañados ('menas') se abordará en una Mesa de Coordinación Interteritorial que tendrá lugar a principios de septiembre en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En ella participarán la Administración General del Estado, los distintos ministerios implicados y comunidades autónomas, teniendo en cuenta siempre a los ayuntamientos, afirmó la ministra.

Según Valerio, todas las autonomías han coincidido en reclamar una evaluación y revisión del protocolo marco de intervención con 'menas' de 2014 a fin de actualizarlo, aspecto que se abordará en el encuentro de septiembre.

"Es una cuestión compleja que tenemos que trabajar con mayor profundidad y calma", prosiguió, "pues algunas comunidades son partidarias de establecer cupos para el reparto y acogida de los menores no acompañados y otras no".

En lo que sí coinciden todas, con independencia de su signo político, es en la necesidad de llegar a un acuerdo o pacto de Estado "como el que el presidente Sánchez reclamó a Pablo Casado la semana pasada".

Cataluña y Andalucía son algunas de las regiones partidarias de "una distribución más equitativa", puesto que junto a Ceuta y Melilla son las comunidades que más menores acogen. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, apuntó a su vez que no puede ser que seis autonomías se ocupen solas de más de 4.000 menores tutelados de 2018.

"BUENAS PALABRAS, POCAS SOLUCIONES"

En general, todas las comunidades se mostraron dispuestas a acoger más menores y también más adultos inmigrantes, aunque sin concretar cantidades.

Según el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, Oriol Amorós, en la reunión "ha habido muy buenas palabras, pero ninguna solución concreta", aunque se felicitó por la voluntad del Gobierno de atender el asunto de la migración desde "una perspectiva más racional, no alarmista y de ayuda humanitaria".

También Oltra y la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de Madrid, Miriam Rabaneda, destacaron "lo positivo de volver al diálogo y a la voluntad de cooperar", aunque no haya habido acuerdos concretos.

A juicio de Oriol Amorós, el repunte en las llegadas irregulares a las costas del sur de España "no es alarmante en cuanto al número, pero sí en cuanto a la vulnerabilidad de las personas que llegan".

Por eso, "necesitamos poner orden en este desorden, que no está solo en el control de fronteras, sino que es un desorden en los flujos internos", apuntó. "En las seis últimas semanas han llegado a Barcelona 1.800 personas en autocares, y nos enteramos un par de horas antes por medio de las ONG".

Lo mismo pasa, dijo, con los menores no acompañados y con los solicitantes legales de asilo, por lo que Amorós reclamó al Gobierno "más fondos, más transparencia y más coordinación".

"En Cataluña estamos dispuestos a apoyar a Andalucía, que es la que está recibiendo toda la presión, pero el Gobierno central debe a su vez ayudarnos, con más recursos y compartiendo información sobre los migrantes", continuó. "Esto es gratis y permitiría una mejor planificación y atención".

PLAN DE INTEGRACIÓN

Preguntada sobre la posibilidad de aprobar una modificación presupuestaria para ampliar los recursos destinados a inmigración que sugirió Cataluña, Valerio afirmó que ya le gustaría disponer de "un fondo sin fondo del que se pudiese sacar a conveniencia", pero de momento "no es posible".

Pese a ello, avanzó que en los Presupuestos de 2019 el Gobierno recuperará el Plan de Integración y Acogida de los Inmigrantes que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero, una partida que se destinará a fomentar la integración social, laboral y educativa de este colectivo.

Control de fronteras, inversión en los países de origen, asistencia humanitaria, apertura de cauces legales para la llegada de trabajadores y cumplimiento de la ley serán las líneas de actuación de la política migratoria del Gobierno, explicó Valerio, que volvió a criticar la imprevisión del Ejecutivo anterior.

Con todo, la ministra negó que actualmente se piense en una gran regularización como la llevada a cabo por el exministro de Trabajo Jesús Caldera, pues "todavía tenemos un paro muy alto y la situación del empleo no es atractiva en España".

Sí admitió que algunas comunidades "muy rurales, con grandes extensiones de territorio despoblado, han expresado la posibilidad de ofrecer trabajo en estos lugares, circunstancia que el Gobierno de España tomará en cuenta".

Por último, avanzó que se crearán más de 200 nuevas plazas en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para agilizar las 50.000 solicitudes de protección internacional que se esperan este año, y otras 92 en el propio Ministerio para el refuerzo de la asistencia humanitaria.