En su auto el magistrado pide a la Comandancia de la Guardia Civil de Almonte que le remita las denuncias o le informe de aquellas “relacionadas con los hechos recogidos en la `notitia criminis´ que da inicio a este procedimiento, con inclusión individualizada de denunciantes y juzgados que conozcan de ellas".

Al hacerse cargo de la investigación, el magistrado de la Audiencia Nacional libra oficio al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma del Condado y al de Instrucción número 1 de la misma localidad, para que le remitan la información que tengan.

El juez considera que las denuncias “hacen presumir la posible existencia de infracción penal" y que dado que no se conoce la naturaleza de los hechos o sus intervinientes, procede “incoar diligencias previas penales y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar esa determinación, y, en su caso, el procedimiento aplicable".

Las denuncias de las trabajadoras de la fresa se presentaron en el mes de junio avaladas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores por abusos laborales. A esas denuncias se sumaron las presentadas por varias trabajadoras por haber sido objeto de insinuaciones de tipo sexual y por abuso sexual en uno de los casos.

Esas denuncias fueron investigadas en un primero momento por la Guardia Civil, que centró sus pesquisas en un hombre encargado en una finca fresera. Más tarde, los juzgados onubenses comenzaron a investigar otras denuncias similares por hechos ocurridos en otras fincas ubicadas en distintas localidades de la provincia onubense.