Según informó Justicia este viernes, “la Abogacía del Estado está valorando cuál debe ser su actuación en el procedimiento abierto” en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa principal contra el proceso independentista en Cataluña.

El departamento que dirige Dolores Delgado indicó que “la ley prevé que la intervención de los servicios jurídicos del Estado ante un tribunal extranjero se realice a través de un abogado del país de que se trate, pero en este caso no se ha adoptado aún ningún acuerdo”, en referencia a la denuncia contra Llarena.

Justicia añadió que los servicios jurídicos del Estado recibieron este viernes por la mañana el acuerdo adoptado ayer por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

NECESIDAD DE LETRADO

El CGPJ otorgó el amparo al magistrado del Supremo e instó al Ministerio de Justicia a adoptar “las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

En este sentido, el departamento que dirige Delgado señaló que “si finalmente se considerara necesaria la intervención de la Abogacía del Estado ante el tribunal belga, ésta deberá desarrollarse de acuerdo” con la legislación española vigente.

Estas normas prevén que cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse a través de la contratación de un abogado en el país de que se trate, pues la Abogacía del Estado no tiene capacidad legal para personarse (sí puede hacerlo cuando se trata de tribunales internacionales, pero no cuando es un órgano judicial de otro país). En cualquier caso, Justicia insistió en que “no se ha adoptado aún ninguna decisión en este sentido”.