Más de 700.000 mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas huyeron del norte del estado de Rajine (Myanmar) a la vecina Bangladesh después del 25 de agosto de 2017, cuando las fuerzas de seguridad lanzaron un asalto generalizado y sistemático contra cientos de poblados rohingyas.

La campaña se inició después de una serie de ataques contra puestos de las fuerzas de seguridad por parte de un grupo armado rohingya, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.

Amnistía Internacional ha documentado que esta ofensiva militar por parte de Myanmar “constituyó una limpieza étnica que incluyó incendios selectivos de poblados, el uso de minas terrestres y la comisión de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada y expulsiones”.

“Este aniversario conmemora un hito vergonzoso. La comunidad internacional, con su inacción a la hora de exigir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad, corre el riesgo de transmitir el mensaje de que las fuerzas armadas de Myanmar no sólo gozarán de impunidad, sino que podrán cometer de nuevo esas atrocidades”, alertó la directora de Respuesta de crisis de Amnistía, Tirana Hassan.

“Mientras sus verdugos de las fuerzas de seguridad de Myanmar continúen en libertad, cualquier idea de que las personas refugiadas rohingyas pueden tener un retorno sin riesgos, digno y voluntario es ridícula”, añadió.

En junio de 2018, dos agencias de la ONU y el Gobierno de Myanmar firmaron un memorándum de entendimiento, al que calificaron de “primer paso” para la repatriación de personas refugiadas rohingyas desde Bangladesh, recordó Amnistía Internacional.

Según la ONG, “para que las repatriaciones sean viables en el futuro, hacen falta reformas serias en el norte del estado de Rajine”. Por eso pide a los países “presionar para que Myanmar desmantele su sistema de apartheid y permita que la población rohingya y todas las demás minorías étnicas disfruten de sus derechos”.