En declaraciones a Servimedia, Maleno denunció que el reino alauí “está devolviendo a la gente desplazándola en desplazamientos forzosos al sur y a algunas personas, incluso esposadas”.

Y todo ello, después de una expulsión colectiva que se basa en el Acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, que data de 1992 y en el que se ordena que estas personas “deben ser enviadas lo antes posible a su Estado de origen”.

Un proceso que se enmarca en este “acuerdo de buena vecindad” y refleja, a su juicio, “la política que la UE ha deseado hacer siempre de poder devolver a Marruecos personas procedentes de terceros países”.

Tras subrayar que el país norteafricano “nunca lo ha aceptado de facto salvo cuando las personas han entrado por una isla”, la activista defendió que dicho convenio “no es un instrumento diferenciado respecto a la Ley de Extranjería", por lo que, a su entender, "se debe aplicar un procedimiento de devolución con todas las garantías legales”.

A este respecto, también se preguntó si en este caso se respetó el derecho de estas personas a asistencia letrada y en qué condiciones se produjo esta "asistencia exprés" así como si fueron asistidos por un intérprete en su lengua materna.

DERECHO A REVISIÓN JUDICIAL

De otro lado, Maleno puntualizó que los inmigrantes que entraron ilegalmente en España por la frontera ceutí también tienen derecho a una revisión judicial, “a poner un recurso a esa expulsión” y se mostró escéptica sobre si, “de verdad, les dio tiempo a hacerlo”.

Las mismas dudas le suscita también el proceso de identificación de los menores de edad, víctimas de trata o “potenciales” refugiados que pudieron formar parte del grupo de 116 inmigrantes, ya que, apuntó, “una persona tiene hasta 72 horas para pedir el derecho de asilo y ellos solo estuvieron 24 horas”.

Asimismo, insistió en que, en un proceso como este, tanto el país emisor como el receptor tienen “una serie de obligaciones”. “España les entrega con un documento en el que tiene que aparecer toda su filiación y Marruecos tiene que devolver un documento en el que diga que acepta la entrega de esas personas”, ya que, prosiguió, “el Comité Contra la Tortura dice que no se puede devolver a una persona a países terceros que no garanticen que no vayan a sufrir tratos inhumanos, degradantes o tortura”.

Por su experiencia, “Marruecos no ha entregado nunca ningún documento en el que admita que se hace cargo de esa persona”.